Siguiendo el mandato que le dio el Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, difundió un nuevo y contundente informe que desnuda la peligrosidad en las zonas mineras en Venezuela y los daños ambientales que afectan a comunidades indígenas.
En su nuevo informe, tras el presentado la semana pasada sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela, Bachelet dio a conocer este 15 de julio un documento específico sobre el llamado Arco Minero del Orinoco, un proyecto estrella del régimen de Nicolás Maduro que en su momento fue denunciado por violar la Constitución vigente.
De acuerdo con el documento de la ONU, el Arco Minero del Orinoco (AMO) está controlada por grupos delictivos organizados. Estos imponen sus propias reglas, sacan beneficios económicos a todo lo que implica trabajar en estos territorios y aplican tratos crueles, asesinan y desaparecen a personas que no cumplan con su normativa.
La explotación minera se realiza con prácticas altamente contaminantes, hay una clara destrucción del medio ambiente y se impone la ley del más fuerte, dada la presencia de civiles armados que actúan con el visto bueno de las Fuerzas Armadas.
Cuando se lanzó el AMO, en febrero de 2016, Maduro incumplió la Constitución que prevé que cualquier proyecto de explotación de las zonas habitadas por pueblos indígenas debe contar previamente con la aprobación de estos. El chavismo impuso el proyecto sin consultar a los pueblos originarios, saltándose lo que el propio Hugo Chávez había establecido legalmente.
El Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé recordó que el AMO afecta los territorios tradicionales de 16 grupos de indígenas que viven en 197 comunidades ubicadas en esta área geográfica.
Esta organización, al ser consultada por DIARIO DE CUBA, confirmó que la conclusión más tajante del informe presentado por Bachelet está en esta frase: "el Arco Minero del Orinoco y la expansión de la minería han afectado considerablemente el derecho fundamental de los pueblos indígenas a la autodeterminación y sus derechos con respecto a sus tierras, territorios y recursos".
El informe de la ONU señala con alta preocupación que "el tráfico y la violencia siguen siendo elevados debido a la existencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de grupos que controlan las minas; estos grupos pagan a algunos jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales".
"El que se haya visibilizado la grave situación que se vive con la explotación minera del AMO es sin duda un logro de las organizaciones venezolanas de derechos humanos", comentó a DIARIO DE CUBA el periodista y defensor de derechos humanos, Oscar Murillo, desde Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, una de las zonas más afectadas por esta vasta explotación minera.
A juicio de Murillo, el informe se ha logrado también gracias a que Bachelet logró que el Gobierno de Maduro accediera a que dentro de Venezuela quedara instalado un equipo técnico del Alto Comisionado, gracias a lo cual se ha logrado recabar información de primera mano y muy contundente.
Por ejemplo, el equipo de la alta comisionada documentó además cinco casos de personas que habían desaparecido mientras trabajaban en las minas entre 2016 y 2020. Ningún organismo de seguridad del Estado venezolano activó la búsqueda de estas personas.
El AMO está situado entre el centro y el sur del país, cuenta según los estudios con al menos 7.000 toneladas en reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.
Se han registrado casos de envenenamiento por mercurio, elemento utilizado para separar el oro de otros minerales, altamente tóxico y que contamina tanto a través de los gases que genera el proceso de separación como por filtraciones al suelo y los ríos de la zona.
El informe denuncia asimismo que niños, algunos menores de diez años, trabajan también en las minas, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes.
El documento de la ONU da cuenta de 149 muertes violentas registradas en los cuatro años que tiene de operaciones el AMO. Se documentaron disputas por el control de las minas o por castigos impuestos por los grupos criminales, que incluyeron palizas, amputaciones de manos o hasta asesinatos.
Bachelet pidió a las autoridades venezolanas que tomen medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras, y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco.
