La tortura va en aumento en Venezuela. Las cifras récord de 2018 fueron batidas por el chavismo en 2019, según el reporte anual de la organización de derechos humanos más veterana del país, el Programa Venezolano de Educación y Acción (Provea).
El año pasado, en Venezuela fueron torturadas 574 personas por los organismos de seguridad del Estado, un registro superior en 526 por ciento a los casos de 2018, que ya había sido también un año récord en este tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Provea presentó su informe anual 2019 este 14 de julio en Caracas.
Inti Rodríguez, coordinador de investigación de esta ONG, confirmó a DIARIO DE CUBA que se establecido un patrón de torturas en el país entre los años 2013-2019, el período en el cual ha gobernado Nicolás Maduro en Venezuela.
Un total de 23 personas fallecieron a consecuencia de la tortura recibida en Venezuela, durante el año 2019, incluyendo al capitán Rafael Acosta Arévalo, un caso que tuvo mucho impacto ya que este detenido fue presentado ante un juez militar en estado deplorable, prácticamente sin poder sostenerse en pie.
El juez ordenó su traslado inmediato al hospital militar de Caracas, en donde el capitán falleció poco después. Este 28 de junio se cumplió un año del fallecimiento de Acosta Arévalo.
Los casos de personas fallecidas por tortura en Venezuela bajo el chavismo sobrepasan los 1.100 y esto sigue ocurriendo a pesar de que el propio régimen de Maduro impulsó en 2013 la aprobación de una ley en contra de la tortura en el país.
Rodríguez corroboró a DIARIO DE CUBA que Venezuela, en prácticamente todos los derechos humanos analizados por Provea, la situación de deterioro o violaciones es peor que en 1989, cuando esta organización presentó su primer informa anual.
En la presentación pública del informe de 2019, el abogado e investigador Keymer Ávila dijo que entre los años 2010 y 2018 han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado un total de 23.688 personas. Resulta preocupante para los investigadores que siete de cada 10 de esas muertes ocurrieron en solo tres años: 2016, 2017 y 2018.
Pese al discurso del chavismo, que habla a favor de los pobres, los datos recabados por Provea, que están en sintonía con los informes elaborados por alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dejan en evidencia que la mayor parte de las víctimas de funcionarios policiales y militares son jóvenes menores de 30 años, de piel oscura, y de clase baja.
La actuación más desmedida de estos uniformados tiene lugar en barriadas pobres. Sobre este aspecto, Provea recordó que el régimen de Maduro ha hecho caso omiso a las recomendaciones generadas por los informes que ha dado a conocer el alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. "Las víctimas de violaciones a los derechos humanos no son una prioridad para las autoridades del Estado, en especial para las instituciones encargadas de protegerlas", sostiene la ONG venezolana.
La política represiva no ha cesado ni siquiera en el tiempo de la cuarentena por la pandemia de Covid-19. Entre los meses de enero y mayo del presente año, más de 1.300 personas han muerto en Venezuela a manos de la fuerza pública. En su gran mayoría esos casos quedan impunes.
