La tortura en Venezuela, tanto para presos comunes como para presos políticos, parece haberse generalizado. La más antigua organización de derechos humanos del país ha contabilizado el registro más alto de casos de tortura en sus 31 años de existencia, mientras que las entidades oficiales guardan silencio.
En una actualización de cifras de su informe anual 2019, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), la ONG de derechos humanos activa más antigua de Venezuela, denuncia el aumento vertiginoso de los casos que pudo conocer y documentar, al tiempo que advierte sobre la posible existencia de más casos debido a la política de censura que impone el régimen de Nicolás Maduro.
El monitoreo de prensa y recopilación de denuncias recibidas por Provea entre los meses de enero y diciembre de 2019, reveló que durante el período se denunciaron 40 casos de torturas que incluyeron a 574 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos, asevera a DIARIO DE CUBA el coordinador de investigación Inti Rodríguez.
"Esta alarmante cifra constituye un aumento de 526,60% en el número de víctimas contabilizadas, respecto a los 12 meses del año 2018 cuando fue registrado un total de 109 personas afectadas por torturas. Además, es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, superando a las 185 víctimas registradas en 2014", resalta el documento de la ONG.
Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas, explica Rodríguez.
"La mayoría de las personas torturadas fueron hombres, jóvenes y pobres, manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este delito", sostiene la reconocida ONG, que en su informe señala que la mayoría de los casos de tortura "consistieron en golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, peinillazos (la peinilla en Venezuela es una especie de sable usado para reprimir), insultos, entre otras".
Las instalaciones de Seguridad del Estado venezolano en las que se práctica en mayor número la tortura son la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
A mediados de 2019 se generó en Venezuela una ola de repudio por el asesinato del capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, detenido por estar supuestamente involucrado en un intento de "golpe de Estado" contra Nicolás Maduro. Acosta Arévalo fue brutalmente torturado en las instalaciones de la DGCIM y presentado en un estado deplorable ante un juez militar. De forma inusual, y alertado por la gravedad del detenido, ese juez decidió enviarlo al hospital de Caracas, donde falleció horas después.
La muerte de Acosta Arévalo no fue la excepción en 2019. Un total de 23 personas murieron entre los meses de enero y diciembre de 2019 a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública en Venezuela.
