La intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense —fundamental a la hora de averiguar el destino de los desaparecidos de la dictadura argentina— ha aportado importantes pruebas sobre la responsabilidad directa del Gobierno de Nicaragua en la violenta represión de las protestas opositoras de 2018, que se saldaron con 328 muertos y más de 88.000 exiliados.
El grupo se ha basado en una reconstrucción de la masacre del Día de las Madres presentada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue expulsado de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega .
Este estudio muestra que los disparos que acabaron con la vida de varios manifestantes, entre ellos Jonathan Morazán Meza, Francisco Reyes Zapata y Daniel Reyes Rivera, fueron realizados a menos de 300 metros de distancia desde "un vector paralelo" al lugar donde cayeron heridos.
Según el diario El Confidencial, de Nicaragua, el lugar de los disparos coincide con la ubicación de policías y fuerzas parapoliciales, quienes aparecen en cientos de fotografías y videos portando armas de fuego en el costado noroeste de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Asimismo, las imágenes muestran a los manifestantes escudados detrás de una serie de barricadas ubicadas frente a la UNI portando lanzamorteros, un arma artesanal cuyo alcance no supera los 60 metros.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), tras analizar miles de videos, fotografías y audios reunidos por los expertos del grupo interdisciplinario, concluyó que los manifestantes "fueron asesinados por tiros disparados por la Policía o fuerzas parapoliciales".
El diario español El País señaló que la información contrastada viene a "respaldar que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad".
Las protestas contra el régimen de Ortega, iniciadas en 2018, agruparon a numerosos sectores de toda la sociedad nicaragüense, desde estudiantes, funcionarios y campesinos hasta colectivos feministas.
En su represión, entre otros hechos, el régimen empleó a grupos paramilitares, cortó la señal de los canales de televisión que informaban de los disturbios, realizó detenciones ilegales, utilizó efectivos militares para atacar emisoras de radio y ocupar y cerrar medios opositores, allanó iglesias donde se vertían opiniones contra Daniel Ortega y su pareja y vicepresidenta de la república, Rosario Murillo, y envió a sus simpatizantes a reventar el funeral de Ernesto Cardenal, miembro de la revolución sandinista y muy crítico con la deriva autoritaria de Ortega, recordó el medio español.
