Los indígenas y el Gobierno en Ecuador buscan acercar este jueves posiciones en la crisis que estalló con violentas protestas por un programa de ajustes pactado con el FMI y que disparó el precio de los combustibles.
Después de una semana de manifestaciones, con cientos de heridos y detenidos, que sumieron en el caos a Quito e interrumpieron el transporte de crudo por el principal ducto, las expectativas se centran en una posible negociación con los oficios de la Iglesia Católica y Naciones Unidas, reportó la AFP.
"Estamos obteniendo los mejores resultados del diálogo con los hermanos indígenas", sostuvo el presidente Lenín Moreno la noche del miércoles. "Sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto", añadió.
Moreno, que llevó la sede del Gobierno a Guayaquil acosado por las manifestaciones, estuvo el miércoles en Quito para seguir el curso de las conversaciones.
Líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) se expresaron con más cautela e incluso algunos como Marlon Vargas son abiertamente reacios a dialogar con un "Gobierno que ha cedido a las presiones del Fondo Monetario Internacional".
Por lo pronto la "movilización está en marcha, no ha terminado", añadió otro líder indígena, Salvador Quishpe.
Los pueblos originarios encarnan el descontento social por las reformas económicas que impulsa Moreno en el marco de un programa de millonarios créditos destinados, según el mandatario, a salvar de la "debacle" a la dolarizada economía ecuatoriana tras años de "derroche, endeudamiento y corrupción" en el Gobierno de Rafael Correa.
Entre los ajustes está el desmonte de los subsidios al diésel y la gasolina, lo que disparó las tarifas hasta en un 123%.
Un sector vulnerable
Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabaja en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos y temen una escalada inflacionaria.
El miércoles la CONAIE mostró músculo con una multitudinaria marcha sobre Quito, que lleva más de una semana sin clases ni transporte público, y con el comercio restringido.
Grupos de trabajadores y jóvenes, algunos encapuchados, que apoyan la protesta, se enfrentaron a piedras, palos y bombas incendiarias con la fuerza pública que respondió con gas lacrimógeno.
Sin embargo, los indígenas estuvieron casi al margen de los choques, lo que fue saludado por Moreno.
Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público bajo el estado de excepción apenas comenzaron las protestas el 2 de octubre.
La ministra de Interior de Ecuador, María Paula Romo, se disculpó este miércoles en rueda de prensa por el lanzamiento de granadas de gas lacrimógeno por la Policía hacia dos universidades y contra el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito, lugares que se consideran "zonas seguras" para los manifestantes que protestan contra el Ejecutivo, reportó EFE.
"Pedí ya información sobre el tema; de ninguna manera se va a volver a repetir", dijo la ministra.
Romo informó que, en siete días de protestas, 86 efectivos de la Policía han resultado heridos y que, del lado civil, unos 360 ciudadanos han recibido asistencia médica.
Respecto al número de muertos, la ministra insistió en que "ninguna persona ha perdido la vida debido a un enfrentamiento con la Policía" y dijo que solo tienen registros de un manifestante que falleció atropellado en Azuay, en el sur del país.
El bastón del gobierno
Unos 74.000 militares y policías han sido desplegados en medio de la crisis.
En la Amazonía la ocupación de pozos por manifestantes obligó a paralizar el transporte de petróleo a través del principal ducto, que bombea el 68% de la producción nacional.
Aun así, Moreno resiste respaldado por el mando militar, los gremios económicos más poderosos y la derecha política a la que se acercó después de romper con Correa.
El presidente tuvo un respiro después de que también miles se congregaran en Guayaquil para rechazar la violencia en las protestas.
