Con mucho menos alharaca que el rotundo informe de la alta comisionada para Derechos Humanos Michelle Bachelet, Venezuela firmó un convenio con Naciones Unidas que entre otras cosas será el primer paso para que haya una oficina local de veeduría en derechos humanos, se permitirá el ingreso al país de relatores especializados de la ONU y los expertos podrán ingresan a las cárceles venezolanas.
La oficina de prensa de la ONU confirmó el 23 de septiembre la firma de un memorando de entendimiento. Se trata de un convenio que allanará la presencia y veeduría en derechos humanos por parte de la ONU, un hecho que parecía improbable hasta hace poco.
El chavismo había cerrado las puertas a la visita de relatores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2002.
"El acuerdo permitirá mantener dos oficiales de la Oficina de Derechos Humanos de maneracontinua en el país. También incluye el refuerzo de mecanismos de protección de las garantías fundamentales y abre la puerta a la visita de los relatores especiales durante los próximos dos años", indicó un comunicado de la ONU.
Este acuerdo fue firmado por la propia Bachelet y Jorge Arreaza, canciller del régimen de Nicolás Maduro.
Consultado por DIARIO DE CUBA, el activista venezolano Rafael Uzcátegui, aseveró que se trata de formalizar lo que ya se había negociado durante la visita de Bachelet a Caracas en junio pasado.
"Sigue abierta la posibilidad de abrir una oficina del alto comisionado. Ahora habrá una presencia permanente de dos especialistas de la ONU que tendrán acceso a las cárceles, entre otros avances."
A juicio de Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), "estamos en presencia de una victoria de la presión ciudadana que había demando la presencia de observadores independientes de los derechos humanos".
El coordinador de PROVEA, la más antigua ONG de derechos humanos de Venezuela, recordó que la sociedad civil sigue demandando que se abran mecanismos adicionales por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En concreto, se demanda la instalación de una comisión investigadora, dado el clima generalizado de violaciones a múltiples derechos humanos en Venezuela.
Según Uzcátegui, la apertura de Venezuela a la ONU puede obedecer a recomendaciones de Cuba al régimen de Nicolás Maduro, en aras de demostrar disposición a colaborar con la comunidad internacional, mientras se gana tiempo en el poder.
Por su parte, el abogado especializado en derechos humanos, Marino Alvarado, indicó a DIARIO DE CUBA, que este convenio deja en evidencia la genuina preocupación de Michelle Bachelet por la grave situación que vive Venezuela.
La apertura a la ONU es inédita, ya que de forma sistemática el chavismo se había negado a visitas de veeduría independientes por parte de entes como la propia ONU o la CIDH. Otras instancias, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, en varias oportunidades apelan a consultores locales o venezolanos residenciados en el exterior para poder recabar información dada la negativa del régimen a colaborar con dichas instancias.
Alvarado recordó que el Gobierno venezolano se ha caracterizado por firmar acuerdos "que luego no cumple", por lo que alertó que desde la ONU y por parte de la sociedad civil venezolana estarán activamente vigilando que se cumplan los aspectos que forman parte de este inédito acuerdo, entre las más alta instancia de derechos humanos de la ONU y el Gobierno de Maduro.
