Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sigue enfocada en la crisis de Venezuela, como quedó en evidencia este lunes 9 de septiembre, pero las organizaciones y los activistas de la sociedad civil creen que debe darse un paso más allá y crearse una comisión de investigación para Venezuela.
Bachelet hizo una actualización oral del informe sobre Venezuela dado a conocer el 5 de julio pasado. En líneas generales, la dos veces presidenta de Chile dejó en claro las preocupaciones que tiene sobre la crisis que vive Venezuela y las responsabilidades del régimen de Nicolás Maduro, pero además puso acento en cómo en dos meses ha habido más deterioro en algunos ámbitos, afectando los derechos humanos de los venezolanos.
"Han sido poco más de dos meses y la señora Bachelet ratifica sus graves preocupaciones. La situación no se ha mantenido grave como estaba, sino que se han agudizado algunos aspectos", precisó a DIARIO DE CUBA Liliana Ortega, fundadora de COFAVIC, una de las más antiguas organizaciones venezolanas de derechos humanos.
"La situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales", recalcó Bachelet en Ginebra.
"Al día de hoy, el salario mínimo equivale a dos dólares mensuales, en comparación con los siete dólares en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades", indicó la alta comisionada.
El régimen de Maduro se exculpa
La delegación del régimen de Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos rechazó el informe actualizado de Bachelet y dijo que en realidad ese órgano debería investigar a Estados Unidos a causa de sus sanciones económicas contra Caracas.
"El informe está dominado por una visión selectiva y parcial, que lo convierte en un escrito carente de rigor científico", afirmó el vicecanciller venezolano Alexander Yáñez.
"La alta comisionada sabe bien que ese informe no refleja adecuadamente la realidad que vio directamente en Venezuela", durante la visita que hizo al país en junio, señaló Yáñez, reportó EFE.
El vicecanciller calificó de "criminales" las medidas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, y dijo que "privan" al Estado venezolano "de recursos indispensables para adquirir alimentos y medicinas".
"Si a un país debe aplicársele una comisión de investigación por violación masiva de los derechos humanos, ese es Estados Unidos", añadió.
"Un paso más"
Desde Caracas, Ortega recordó que el foco puesto por Bachelet en Venezuela se debe al mandato específico que recibió de la Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace un año. Al final de las sesiones del consejo, que se desarrollan en este mes de septiembre, debe votarse la renovación o no del mandato de Bachelet para dar seguimiento a la situación venezolana.
Tales mandatos se deciden cuando hay situaciones graves de violaciones a derechos humanos en un país.
"Un grupo de 11 organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos le estamos solicitando al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que acuerde establecer una Comisión de Investigación para Venezuela. Eso sería un paso más. Se trata de una comisión que puede trabajar de forma complementaria con la oficina del Alto Comisionado", indica la directora de COFAVIC, entidad no gubernamental establecida en 1989 tras los sucesos del llamado Caracazo.
Para Ortega sería muy importante la actuación de esta comisión dado "el clima general de desamparo" que prevalece en Venezuela por la falta de justicia —una impunidad casi total en los casos de violaciones a derechos humanos— y la ausencia de una institucionalidad que actúe con independencia para proteger a la población vulnerable.
En esa misma dirección, Bachelet ha insistido en la necesidad de que pueda trabajar, dentro de Venezuela, una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, dado el clima generalizado de violaciones.
Además de condenar abiertamente la existencia de presos políticos, de torturas e incluso de muerte de prisioneros en centros de reclusión militar, Bachelet puso de nuevo el foco en la existencia de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), señaladas actualmente con el principal órgano policial involucrado en ejecuciones extrajudiciales y detenciones irregulares.
"Tan solo en el pasado mes de julio la Organización No Gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas", citó Bachelet en su intervención en Ginebra este lunes.
"Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno", remató Bachelet.
Para diversos especialistas, la existencia de la FAES y su responsabilidad en numerosas ejecuciones, el respaldo público que le ha dado Maduro y otros altos jerarcas del régimen a este cuerpo, podrían constituir pruebas de la existencia de delitos de lesa humanidad y, por tanto, ser abordados por la Corte Penal Internacional.
