Un juez elevó este jueves a juicio oral una causa contra la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y sus hijos por presunto lavado de activos y asociación ilícita en las operaciones que una de sus empresas realizó con adjudicatarios de obra pública durante su Gobierno.
Según informaron a Reuters fuentes judiciales, el magistrado federal Julián Ercolini dispuso, aún sin fecha, que se abra la vista oral del conocido como "caso Hotesur", en el que están procesados desde mayo de 2018, entre otros, la actual senadora y Máximo y Florencia Kirchner, hijos que tuvo con el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.
Esta será la cuarta de las seis causas en las que está procesada la exmandataria, la mayoría por presunta corrupción, que se elevan a juicio.
No será hasta el 21 de mayo cuando comience el primero de ellos, también por presuntas irregularidades durante su mandato en la concesión de obras al ya detenido constructor Lázaro Báez.
En el "caso Hotesur" se investiga si la familia Kirchner cobró, a través del alquiler de inmuebles a empresarios como Báez, retornos económicos de los sobrecostos de las obras adjudicadas.
Este lunes, Fernández aseguró que las causas por corrupción por las que fue citada solo buscan generar impacto con un guión digno de los "Óscar", al tiempo que negó que haya pruebas contra ella y acusó al fiscal de extorsionar a imputados.
"En ningún caso existen pruebas que me vinculen con los supuestos delitos que se dicen investigar", aseveró la actual senadora en un texto presentado al juez que la citó y ante quien no aceptó responder preguntas.
Ese día la exmandataria acudió a los tribunales de Buenos Aires por tercera vez como procesada en la llamada "causa de los cuadernos", en la que el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio investigan presuntos sobornos de empresarios a altos funcionarios durante el kirchnerismo.
Derivadas de esa "causa madre", Bonadio decidió convocarla también para rendir cuentas en otros siete expedientes, la mayoría por el presunto pago ilegal de empresarios a funcionarios para favorecer la concesión de contratos públicos.
También, por el supuesto pago de su Gobierno de sobreprecios en la importación de buques con gas licuado; por tener en su casa "documentos históricos" que según el juez no podían estar "en manos de particulares" y por haber usado supuestamente la flota aérea presidencial para enviar diarios y muebles a la provincia sureña de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo.
La "causa de los cuadernos" surgió en agosto del año pasado y está basada en ocho cuadernos manuscritos por un chófer del Ministerio de Planificación Federal de Argentina, el más relevante en los Gobiernos de Kirchner y Fernández (2007-2015).
Esas libretas contenían con detalle los movimientos que supuestamente ese conductor realizó durante diez años para recolectar grandes sumas de dinero de poderosos empresarios para ser después entregadas a altos funcionarios.
El escándalo, destapado por un periodista que entregó toda la documentación a la Justicia, originó decenas de detenciones de exaltos cargos del anterior Gobierno y multitud de empresarios, aunque la mayoría fueron excarcelados al acogerse a la ley del arrepentido, que otorga beneficios penales al imputado a cambio de colaboración.
Para Fernández, que todavía no ha confirmado si se presentará a las elecciones presidenciales de octubre, han quedado "en evidencia" las "gravísimas irregularidades" llevadas a cabo por el juez y el fiscal para tratar de "inventar" pruebas en su contra.