Golpe de Estado a la democracia, inicio de una dictadura, fueron algunas de las acusaciones lanzadas por la oposición en Bolivia, la semana pasada, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitara la candidatura de Evo Morales a la presidencia en 2019.
A la decisión del TSE le siguieron varias movilizaciones a lo largo del país en rechazo a la postulación a un cuarto mandato consecutivo del actual presidente.
Las manifestaciones tuvieron un desenlace trágico en la ciudad de Riberalta, en el departamento del Beni, donde una mujer resultó muerta en una riña con activistas cívicos contrarios a la reelección del gobernante.
El seguimiento parcial de los paros, convocados por comités cívicos de ocho regiones bolivianas, muestra la fuerte división que escinde al país entre fieles y detractores de Evo Morales.
En febrero de 2016 la ciudadanía rechazó en referendo una modificación de la Constitución que pretendía ampliar el número de reelecciones posibles para los cargos electos.
Sin embargo, en un fallo controvertido de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional optó por dar prioridad a los "derechos políticos" de los representantes del pueblo por encima de los artículos constitucionales que restringen las veces que pueden ser reelectos, allanando así la vía para otro mandato (2020-2025) del líder indígena.
La Justicia bajo control
El TSE debía pues escoger entre acatar lo dictado el año pasado por el Constitucional o regirse por lo estipulado en la Constitución y ratificado en el referendo de 2016. La decisión de favorecer los intereses de Morales no hace sino confirmar la deriva autoritaria del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
Pese a haber votado una Constitución que, en el papel, supone un progreso en la democratización de la arena política boliviana, el MAS se ha dedicado sistemáticamente a encorsetar los alcances posibles de la ley fundamental del Estado.
Esta estrategia ha abarcado varios frentes: la cooptación (cuando no el simple quiebre) de los movimientos sociales que propiciaron su ascenso al poder; la anulación de la autonomía de la Justicia, sea ya de los tribunales Supremo y Constitucional o bien del órgano electoral; la judicialización de la política, que le ha permitido, mediante el control de las instancias judiciales, procesar a varios opositores o disidentes de sus propias filas.
Oposición fragmentada
Por ahora, la oposición ha arrancado dividida la carrera electoral al presentar siete candidatos para disputar la presidencia a Morales.
El primer paso de la contienda tendrá lugar el 27 de enero del año entrante, cuando las distintas formaciones celebren elecciones primarias destinadas a entronizar oficialmente sus respectivos candidatos.
Esto será un puro trámite, puesto que ningún partido ha registrado más de un binomio (presidente-vicepresidente) ante el TSE.
La obligación de montar primarias se origina en la polémica Ley de Organizaciones Políticas, promulgada en septiembre pasado por Evo Morales, y antes votada por la Asamblea Legislativa, que establece dicha disposición como requisito indispensable para presentar candidatos a las presidenciales de octubre de 2019.
La Ley de Organizaciones Políticas se venía gestando desde hacía tiempo con la intención de aportar correcciones sustanciales al funcionamiento de los partidos políticos: democratizar los mecanismos de nominación de los candidatos, potenciar la presencia de las mujeres, contener los traspasos políticos, lograr mayor transparencia en la financiación.
A fines de agosto, empero, el MAS aceleró de pronto los trámites para que la ley se aplicara en los comicios del año próximo. Lo cual supuso un adelantamiento brusco de los plazos electorales para que los partidos formasen alianzas e inscribiesen a sus precandidatos.
Al vaciarse de contenido el proyecto de ley y las primarias convertirse en un mero trámite, ya que ni siquiera el oficialismo ofrecerá un simulacro de competición entre precandidatos, se ha comprobado lo que muchos temían: la premura en pasar la nueva norma buscaba poner en aprietos a una posible unión de la oposición, al recortar los tiempos de negociación para alcanzar acuerdos y diseñar un programa común.
De hecho, en una entrevista al diario de Santa Cruz El Deber, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, admitió sin reparos que la instauración de la nueva ley de partidos ofrecía la oportunidad de desgastar al principal rival opositor, Carlos Mesa.
Al obligar a Mesa a postularse oficialmente, el MAS le quita la posibilidad de "aparecer como outsider, el hombre sorpresa que viene de afuera y que se vuelve en el imán que aglutina y articula a todos".
La larga contienda le permitirá pues al oficialismo concertar una estrategia de ataque contra quien despunte en la oposición. Es lo que avanza García Linera al referirse a Carlos Mesa: "el tiempo dilata, afloran las ambiciones, afloran los defectos y tenemos mucho tiempo para contrarrestar eso. Y la impresión inicial del galán se va desdibujando".
Contactado por DIARIO DE CUBA, Ernesto Bascopé, politólogo y colaborador del periódico paceño El Diario, señala justamente que, de darse aún una hipotética unión de la oposición, no será suficiente con aglutinar el descontento con el Gobierno. Lo más probable es que "una unión sin una base ideológica, sin una propuesta para el país" termine fracasando.
La precipitación del calendario electoral ha truncado la posibilidad de que se conformara adecuadamente una plataforma en este sentido.
Queda por ver si la oposición boliviana es capaz de encontrar los resortes que le permitan formular una alternativa consistente al proyecto del MAS que, pese al desgaste de más de una década en el poder, cuenta con una solidísima baza popular.
Evo Morales, que asumió la presidencia en enero de 2006, es el gobernante que más tiempo ha permanecido en el poder en la historia del país. De ganar las presidenciales de octubre próximo, iniciaría un mandato que, de llevarse a término, le habrá permitido gobernar durante 19 años.
