Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos, investigan a decenas de ciudadanos venezolanos por blanquear en estos países cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Hugo Chávez, reportó EFE.
Solo en España la justicia persigue a una veintena de ellos, como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos, detenido de nuevo esta semana en Madrid por lavar dinero que presuntamente desvió de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Dos jueces, uno de los juzgados de plaza de Castilla de Madrid y otro de la Audiencia Nacional, andan tras la pista del dinero que estos investigados introdujeron en España, nada fácil de rastrear porque para ello lo pasaron de un país a otro, incluyendo paraísos fiscales, usando una maraña de sociedades.
"Son repudiados por el régimen de Nicolás Maduro o han perdido los contactos con el nuevo régimen para seguir enriqueciéndose a costa de Venezuela", explicó una fuente de la investigación al referirise a estos ciudadanos venezolanos, que se han dedicado a invertir en inmuebles en España para lavar el dinero.
En el caso de Villalobos y los otros tres detenidos junto a él —entre ellos, Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma— blanquearon en la compra de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros ubicados en Marbella (Málaga) y en Madrid, que han sido bloqueados por la justicia española.
Entre ellos 94 viviendas y garajes en la urbanización de lujo marbellí Azata Montebello, así como 24 pisos en los céntricos barrios de Salamanca y Chamberí de la capital española, donde se está detectando una gran actividad de compra de pisos por parte de venezolanos, muchas veces a través de sociedades que impiden reconocer al verdadero comprador.
Lo hicieron en gran parte a través de la sociedad Columbus Properties One, promotora de pisos embargados en la calle José Abascal 48 o en la citada urbanización de Marbella, y que se nutría de capitales gestionados por la sociedad Swiss Invest, entre cuyos clientes figuran exaltos cargos venezolanos.
El camino que, según los investigadores, seguía el dinero presuntamente ilegal de estas personas —también se detuvo en España a la mujer y uno de los hijos del magnate venezolano residente en EEUU Roberto Rincón— pasó por dos etapas diferenciadas.
En términos generales, primero se asentaban en Estados Unidos por proximidad, normalmente en Miami, donde montaban un grupo empresarial para justificar su dinero ilegal con una actividad que normalmente no existía.
Desde Estados Unidos, algunos dieron el salto a Europa para acabar en España por afinidad cultural e idiomática, si bien el dinero procedente de los sobornos de empresas públicas venezolanas no aterrizaba directamente en este último país.
Los fondos pasaban antes por Portugal, Andorra, Liechtenstein o Suiza, así como por otros paraísos fiscales como Belice o Islas Mauricio, a través de "estructuras empresariales complejas, sin justificación desde el punto de vista fiscal o financiero", explicaron las fuentes consultadas.
Una vez en España invertían el dinero en inmuebles, como es el caso de Villalobos, a quien ya se le investigaba por haber usado fondos irregulares para comprar su vivienda de la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja, donde esta semana fue detenido.
Debido a este flujo del dinero, varios países investigan a estos ciudadanos que se enriquecieron expoliando las arcas públicas venezolanas y que llegaron a usar el sistema cambiario del bolívar y el dólar para sacar dinero de la petrolera.
Los investigados suelen alegar que se dedicaron al sector público y que luego hicieron dinero en el sector privado, sobre todo con labores de consultoría a empresas públicas venezolanas difíciles de acreditar y por las que supuestamente recibían los fondos expoliados.
En el primer país donde aterrizaban, Estados Unidos, una veintena de personas, entre exfuncionarios venezolanos y empresarios estadounidenses, se han declarado ya culpables de sobornos relacionados con PDVSA en procesos seguidos por tribunales de distintos estados.
En Portugal se sigue otra investigación sobre fondos de PDVSA y otras empresas públicas gestionados por el quebrado Banco Espirito Santo y que se desviaron en parte a paraísos fiscales para pagar supuestos sobornos a funcionarios venezolanos.