Mike Pence, vicepresidente de EEUU, ha pedido alto y claro que no se reconozca el resultado de las elecciones venezolanas del próximo 20 de mayo. Ese es un tipo de declaración que no se hace sin el visto bueno de Donald Trump y sin consultar a Mike Pompeo, secretario de Estado.
Dice el senador Marco Rubio que los tribunales nacionales e internacionales perseguirán a los delincuentes chavistas hasta el fin de los tiempos. Tiene razón. La impunidad no existe y algunos de los delitos cometidos por la banda chavista no prescriben nunca.
Los asesinatos de opositores, las torturas que les han infligido —muy bien documentadas por la abogada Tamara Sujú, especialista en la defensa de los derechos humanos— no dejan espacio a la duda. Y por si eso fuera poco, ahí están las pruebas y los testimonios del narcotráfico que ha enriquecido a los generales del Cártel de los Soles, y del principal delito vinculado a esas actividades: el blanqueo de capitales.
EEUU tiene la capacidad de rastrear, abierta o clandestinamente, todos los depósitos bancarios en el 90% de las instituciones del planeta, y posee el músculo para imponer sus reglas. Como cuenta con el 22% del PIB planetario y una moneda en la que se realizan casi todas las transacciones importantes; como posee el mayor mercado abierto del mundo, y los mejores centros de atención médica, basta con que amenace a las empresas internacionales con represalias cuantiosas o con privar de la visa a sus ejecutivos para sembrar el pánico. (He visto sudar la gota gorda a venerables bancos suizos colocados en esa tesitura, hasta que han colaborado con la Fiscalía estadounidense en contra de sus dudosos clientes.)
Nada de esto lo ignoran Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, y el resto del clanmafioso, como les llaman los venezolanos. Por eso se disponen a cerrar filas en las elecciones del 20 de mayo. No quieren acabar tras la reja. Como no creen en la democracia liberal, ni en las virtudes de la alternabilidad, no les importa disponer de apenas un 15% del apoyo popular, frente a un 85% que los rechaza.
Para eso disponen del relato revolucionario. Nadie lo cree (ni ellos mismos), pero lo repiten como un mantra porque la función de ese discurso es articular una justificación que sustituya a la verdad. Dicen que Venezuela es un país asediado por el imperialismo yanqui decidido a quedarse con el petróleo de la nación. Afirman que el desabastecimiento de comida y medicinas es la consecuencia de que la oposición, dirigida por la CIA, ha desatado una cruel guerra económica. Ocultan las cifras reales de la economía para "no darles armas a los enemigos". Declaran que el rechazo internacional —el Grupo de Lima, la UE, la OEA y Luis Almagro, el secretario general— es un clamor orquestado por Washington.
Los chavistas son las víctimas, no los culpables. A los estudiantes los asesinó la oposición o algunos policías descarriados ya castigados. No hay torturados. La inflación aumenta porque la revolución ha abierto los diques del consumo y el pueblo salió por primera vez a comprar. Nada que cambiar. Nada de qué avergonzarse. Las revoluciones tienen un precio y hay que pagarlo.
Como la población venezolana conoce todo esto, no saldrá a votar el 20 de mayo. ¿Votar para qué, si sabe que los resultados serán los que el Gobierno desee, como ya adelantó la empresa creadora y administradora de las máquinas de votación? Por medio de elecciones jamás acabará esa pesadilla. Incluso, se rumora que estos son los últimos comicios con la ley electoral vigente. Tras ese amargo trago, cuando Maduro, sonriente, se declare vencedor, se copiará la ley electoral cubana que permite filtrar y tamizar los candidatos, de manera que el prefraude haga innecesario el posfraude. (Miguel Díaz-Canel sustituyó a Raúl Castro con solo un voto en contra, presumiblemente el suyo.)
La posible manera de salir de esa terrible banda pirata es prometerles indulgencia a quienes los ayuden a salir del pozo en el que se encuentran. Es así como funciona la ley penal en muchos sitios. Quienes colaboran con la Justicia tienen 100 años de perdón. Recuerdo un país centroamericano en el que jubilaron en dólares a unos generales que se oponían al proceso de paz. Era indecoroso, pero fue práctico. Se hizo la paz.