"No seré libre mientras otra mujer esté presa, aunque sus cadenas sean distintas de las mías". La noche del 14 de marzo pasado, Marielle Franco concluía una reunión para la promoción de las mujeres negras con esta cita de la escritora afroamericana Audre Lorde.
Fueron sus últimas palabras en público. Poco después fue abatida, junto a su chofer, Anderson Gomes, con cincos disparos en la cabeza, suscitando la ira de los miles de brasileños que se sumarían a su cortejo fúnebre.
Nacida en 1979, Marielle Franco procedía de una de las favelas más violentas de Río de Janeiro. Destacaba por su implicación en la defensa de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB, y por la denuncia sistemáticamente documentada de los abusos policiales.
Su asesinato coincidió con el primer mes de intervención del Ejército en Río de Janeiro, decretada el 16 de febrero por el presidente Michel Temer, para poner freno a la inseguridad en el estado carioca.
Esta medida excepcional —es la primera vez, desde la instauración de la democracia en 1985, que el orden en las ciudades se pone bajo el mando del Ejército— se presenta como una respuesta a la espiral de violencia en la que está atrapado el estado de Río, donde en 2017 hubo 6.371 homicidios.
Una ola de violencia impulsada en buena medida por el auge del narcotráfico y la incompetencia y corrupción de la Policía local. No es de sorprender que la intervención del Ejército cuente con la aprobación del 65% de la población.
Sin embargo, la presencia del Ejército en las calles de Río plantea no pocos escollos. En los primeros días de su despliegue, los registros masivos efectuados en ciertos barrios pobres, así como la toma indiscriminada de fotografías de sus habitantes, marcaron la pauta de lo que supondría en adelante la vigilancia militar: una "protección" con visos de hostigamiento.
Discriminación racial
La situación llevó a la ONG de derechos humanos Justicia Global a presentar ante la ONU y la OEA un pedido de seguimiento de la intervención militar. "Colocar a esos agentes, entrenados para el combate con un enemigo externo, en áreas urbanas densamente pobladas es un acto que seguramente se saldará con vidas humanas", estima Mario Campagnani, comunicador de Justicia Global, contactado por DIARIO DE CUBA.
Esto entraña evidentemente riesgos de deriva. No en balde, el general Eduardo Villas Boâs —Comandante en jefe del Ejército— llegó a solicitar garantías para que los soldados solo pudiesen ser juzgados por la Justicia Militar. Una petición que, hasta ahora, no ha sido avalada por las autoridades, pero deja en evidencia la alta tensión con que se efectúa la operación.
Y es que tradicionalmente la incursión de las fuerzas del orden en las favelas se salda con cifras poco reconfortantes. Según datos del Instituto de Seguridad Pública de Brasil, la Policía de Río de Janeiro mató a más de 900 personas en 2016, la mayoría en operativos en las barriadas pobres.
Sin duda los enfrentamientos con el crimen organizado se han vuelto mucho más cruentos. No obstante, con frecuencia los abatidos por la Policía lo son de manera ilegal, como denuncia un informe de Amnistía Internacional.
El perfil dominante de estas víctimas comporta un sesgo notorio: jóvenes negros residentes en las favelas. Un dato que revela el racismo larvado que corroe la sociedad brasileña. No por gusto, hace poco se hizo viral un vídeo en el que se prodigaban consejos a la población negra con el fin de disminuir el número de víctimas indebidas de la Policía: no salir a altas horas de la noche, no andar solo, llevar encima las facturas de pertenencias caras, evitar el uso de paraguas largos —en manos de un negro pueden ser confundidos con un arma...
Es justamente en esta capa social doblemente marginada, por pobre y por negra, y acuciada tanto por el crimen organizado como por las fuerzas del orden, donde se enraizaba el activismo de Marielle Franco. En tanto concejal, integraba la comisión constituida en la Cámara Municipal de Río para fiscalizar la actuación del Ejército.
Respuesta militar a un problema social
A corto plazo tal vez la presencia militar tenga cierto efecto apaciguador. Por lo pronto, no ha sido el caso. Pero, más allá de los resultados inmediatos, existe un desfase entre la reacción exclusivamente castrense del Gobierno federal y un problema de suma complejidad.
Como señala Mario Campagnani, "la militarización de la seguridad pública y de la propia sociedad no funciona como solución para problemas de orden estructural tales como la desigualdad de renta y el racismo".
Visto así, la violencia urbana es el resultado conjunto de varios fenómenos. Por una parte, la existencia de una amplia franja de la población que carece "del acceso a servicios básicos, como salud y educación de calidad, o al mercado laboral". Y, por otra, "una fracasada política de guerra contra las drogas".
A esto habría que añadir unas fuerzas del orden lastradas por la ineficacia y la corrupción.
Mientras tanto, el asesinato de Franco significa un revés político para Michel Temer, quien, dadas las circunstancias (año de elecciones presidenciales, fracaso de la reforma de las pensiones, popularidad en el piso, ascenso del populista de extrema derecha Jair Bolsonaro), parece haber pensado más en una salida electoralista (mano dura con la delincuencia) que en una estrategia viable.
La muerte de la concejal carioca deja en evidencia que la presencia del Ejército no ha incidido en el sentimiento de impunidad con que se mueven los grupos criminales. Y, peor aún, supone una escalada en el acoso a los activistas sociales.
No es la primera vez que un representante municipal es asesinado, pero sí uno con tanta notoriedad. Esto es un claro mensaje de intimidación a aquellos comprometidos con la defensa de los derechos humanos.
"Su muerte nos deja a todos y a todas en alerta", confirma Mario Campagnani. "Hemos tomado medidas de seguridad, al igual que otras organizaciones, pero seguimos con nuestro trabajo."
Por último, el hecho de que la munición empleada en la ejecución de la concejal procediera de un cargamento adquirido hace más de una década por la Policía Federal, y cuyo rastro se esfumara luego, hace sospechar en que elementos policiales (o parapoliciales) están vinculados con el asesinato.
Un día antes Marielle Franco había escrito: "¿Cuántas personas más deben morir para que esta guerra se acabe?"