Comprar comida en el mercado informal cubano no recibe el mismo juicio que pagarle extra a un funcionario. Tampoco cambiar divisas por fuera de los canales autorizados se valora igual que revender productos subsidiados. Entre quienes respondieron la quinta encuesta de DIARIO DE CUBA Sustitución doméstica del Estado: carga, moral y redes, realizada por Cubadata, lo informal no tiene una sola medida moral.
La compra de alimentos o insumos en el mercado informal recibió una justificación alta, del 55,8%, más de tres veces la proporción registrada por el pago extra a un funcionario para agilizar un trámite que corresponde por derecho: el 16,1%. Cambiar divisas fuera de los canales autorizados obtuvo el mayor respaldo, con el 65,9%.
"La lectura más plausible es que la gente distingue entre resolver una necesidad y obtener una ventaja que considera indebida", explica el especialista en análisis estadístico Arístides A. Vara Horna.
La legalidad no basta para explicar el rechazo
El estudio pidió valorar cinco prácticas en una escala de cero, "nunca justificable", a diez, "siempre justificable". Las puntuaciones entre ocho y diez se agruparon como justificación alta.
Mientras el cambio informal de divisas y la compra de alimentos superaron la mitad de las respuestas aprobatorias en esa categoría, revender productos subsidiados obtuvo el 20,2%, y llevarse insumos del trabajo, el 18,4%.
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Para Vara Horna, este contraste sugiere que la valoración no depende únicamente de si una práctica se ajusta a las reglas oficiales.
"Todas esas prácticas pueden beneficiar a quien las realiza. La diferencia más plausible está en para qué se obtiene ese beneficio y a costa de quién", sostiene.
Desde esa perspectiva, conseguir un producto que falta puede resultar comprensible para los encuestados. La aceptación puede disminuir, en cambio, si perciben que alguien obtiene una ganancia privando a otro de ese producto o utilizando recursos que no le pertenecen.
Comprar lo que falta no es lo mismo que lucrar con el subsidio
El especialista plantea varias explicaciones posibles. Cuando se retrasa la entrega de la libreta y el dinero pierde capacidad de compra, acudir al mercado informal puede ser una vía para conseguir lo necesario. Cambiar divisas, por otra parte, puede facilitar el acceso a mercados cuyos precios están vinculados al dólar.
La reventa de productos subsidiados introduce otra cuestión: transformar un bien destinado a aliviar el costo de la vida en una fuente de ganancia. Llevarse materiales del trabajo puede suscitar reparos por el uso de recursos ajenos.
Son interpretaciones del patrón observado, no motivos declarados por los participantes. Como resume Vara Horna, "una necesidad puede hacer comprensible la práctica, y la idea de que otra persona pierda acceso a un producto o de que se usen recursos ajenos puede reducir su aceptación".
Pagar por un derecho: la práctica más cuestionada
El pago extra al funcionario ocupa el extremo de menor justificación. Además de recibir puntuaciones altas de solo el 16,1%, fue considerado "nunca justificable" por el 56,6% de quienes respondieron esa pregunta.
Vara Horna señala una posible razón: el desacuerdo con que el dinero termine decidiendo quién recibe atención primero, incluso cuando el trámite corresponde por derecho.
La diferencia respecto a la compra informal de alimentos también aparece al contrastar las valoraciones de una misma persona: entre quienes respondieron ambos ítems, el 58% juzgó menos aceptable pagar al funcionario.
El resultado cuestiona la idea de una aceptación indiscriminada de cualquier práctica para "resolver". Entre los participantes hay diferencias marcadas sobre qué resulta justificable y qué no.
Una frontera de juicio, no una prueba de conducta
La quinta encuesta de DIARIO DE CUBA reúne 1.719 cuestionarios en su análisis principal y procede de un sondeo en línea no probabilístico. Describe a quienes respondieron, no a toda la población cubana. Tampoco permite saber si las personas realizan las prácticas que justifican o evitan las que condenan.
Por eso, distinguir entre necesidad y abuso es una interpretación plausible de los resultados, no una motivación demostrada, como explica Vara Horna. Lo que sí muestran las respuestas es que comprar por fuera, revender un subsidio y pagar por un derecho no son moralmente intercambiables para los encuestados. La pregunta pendiente es hasta dónde se mantienen esas diferencias cuando toca resolver una urgencia propia.