Los cubanos desean transformar el sistema, pero sin perder la protección social

Los resultados de la tercera encuesta de DIARIO DE CUBA, elaborada por Cubadata, dibujan, según el análisis del jurista Edel González Jiménez, una sociedad que no puede ser definida ni como plenamente preparada para una transición democrática ni como pasiva o incapaz de asumirla. La principal conclusión de su lectura es que existe una considerable motivación para el cambio y un conjunto de capacidades potenciales, pero estas todavía aparecen dispersas y requieren convertirse en conocimientos, organización, confianza y reglas institucionales antes de que una eventual apertura obligue a resolverlas bajo presión.

González Jiménez advierte que el estudio no permite medir directamente aspectos como la cultura democrática, los conocimientos constitucionales, la experiencia electoral competitiva, la capacidad de organización autónoma o la disponibilidad de liderazgos. Por ello, considera incorrecto afirmar que la sociedad cubana está preparada para administrar inmediatamente una transición. Pero los resultados sí muestran una diferencia entre el consenso sobre la necesidad de cambiar y la falta de una hoja de ruta compartida para hacerlo: las preferencias se dividen entre presión internacional, diálogo, transformaciones políticas profundas y soluciones económicas más inmediatas acompañadas de gradualidad.

Uno de los patrones que el jurista considera más significativos es que los encuestados parecen tener mayor claridad sobre qué quieren modificar y qué desean conservar sobre el modelo político y económico actual. Reclaman libertades y cambios políticos, cuestionan el partido único y el aparato de seguridad política, pero al mismo tiempo expresan preocupación por preservar la salud, la educación, los servicios básicos y la protección social.

Para González Jiménez, esto desmonta una de las dicotomías habituales del debate político cubano: la idea de que libertad y protección social son necesariamente incompatibles. La encuesta muestra, por el contrario, una inclinación hacia fórmulas que combinen mercado, propiedad privada, regulación estatal y garantías sociales. El 40,1% escogió una economía mixta con mercado, propiedad privada y protección social, mientras otras opciones sumaron apoyos a modelos de democracia pluralista con economía de mercado y garantías sociales o a una economía de mercado con un Estado fuerte y regulador.

El abogado considera que estos datos no autorizan a etiquetar ideológicamente a los encuestados como socialdemócratas, pero sí permiten identificar una preferencia relevante: el cambio político no parece tener como condición la renuncia a las garantías sociales. El temor a perderlas podría convertirse, precisamente, en uno de los principales condicionantes de la legitimidad de una eventual transición, sobre todo en una sociedad que ha sido socializada durante décadas bajo el discurso de que democracia y mercado implicarían el desmantelamiento de esas prestaciones.

Los cubanos quieren otro Estado

Otro de los hallazgos destacados es la diferencia entre la valoración de las funciones estatales y la de las estructuras directamente vinculadas al monopolio político. En ámbitos como la salud, la educación, los programas sociales o las empresas públicas, la reforma profunda obtiene en numerosos casos mayor respaldo que la eliminación.

El comportamiento cambia cuando se pregunta por el partido único o por la Seguridad del Estado. En las dos formulaciones utilizadas para esta última, el 35,6% y el 35,5% escogieron eliminarla. Si se agrupan, únicamente con fines analíticos, las opciones de eliminación y reforma profunda, estas alcanzan el 63,5% y el 66,5%, respectivamente.

González Jiménez subraya que esto revela la estabilidad de una preferencia: en dos preguntas diferentes, una mayoría de respuestas se concentró en alternativas incompatibles con mantener intacta la configuración actual del aparato de seguridad política.

La distinción es relevante porque sugiere que una parte de los encuestados no concibe la transición como la desaparición del Estado, sino como su transformación. De ahí que el jurista formule uno de los principios que, a su juicio, deberían orientar cualquier proceso de cambio: “continuidad del Estado sin continuidad autoritaria”. Hospitales, escuelas, municipios, registros, pensiones y otras estructuras administrativas deberán seguir funcionando durante una transición, mientras se modifican las reglas políticas bajo las que operan.

Esa continuidad también permitiría aprovechar el capital profesional acumulado dentro de las instituciones. Médicos, profesores, ingenieros, economistas, juristas, técnicos y funcionarios poseen conocimientos que, según González Jiménez, no deberían perderse por el hecho de haber trabajado dentro del aparato estatal. La pertenencia institucional, sostiene, no puede confundirse automáticamente con responsabilidad individual.

Justicia sin revancha e integración de la emigración

La encuesta también identifica, a juicio de González Jiménez, una disposición apreciable hacia una justicia transicional diferenciada. El 32,1% escogió una fórmula de justicia plena ante violaciones graves, acompañada de acuerdos limitados para otros delitos, mientras el 28,6% optó por una justicia gradual combinada con verdad, reparación y garantías de no repetición. Ambas alternativas reúnen el 60,7%.

El dato es interpretado como una posible base social para evitar dos extremos: una transición basada en la culpabilidad colectiva y la revancha, y otra construida sobre la impunidad o el olvido de las violaciones graves. La responsabilidad individual, la gravedad de los hechos y las necesidades de una transición pacífica podrían determinar respuestas diferentes.

La emigración constituye otro de los puntos donde el estudio encuentra una tensión. Los residentes reconocen los recursos, las redes, la experiencia profesional y el potencial económico de los cubanos que viven fuera, pero son más cautelosos cuando se trata de concederles un protagonismo político automático. El 34,8% atribuye a la emigración un papel menor o consultivo y el 20,9% considera que la transición debería ser conducida exclusivamente por quienes permanecen en Cuba.

Sin embargo, cuando las preguntas explicitan los recursos y capacidades que la emigración puede aportar, aumenta el respaldo a su participación. Para González Jiménez, esto demuestra que capacidad y legitimidad política no son equivalentes. Los emigrados pueden contribuir a reconstruir el país, pero su experiencia, recursos o contactos no les otorgan por sí mismos un mandato para dirigirlo.

La encuesta plantea así una cuestión que el abogado considera especialmente relevante para quienes viven fuera: más que discutir cuánto protagonismo corresponde a la emigración, habría que preguntarse qué puede hacer esta para generar confianza entre los cubanos que permanecen en la Isla.

Cooperación internacional, sí; tutela, no

Una tensión similar aparece en torno al papel internacional. Una parte de los encuestados considera necesaria una presión internacional fuerte para favorecer el cambio, pero el 19,1% identifica como uno de los principales riesgos que la transición quede controlada por intereses externos y el 19,2% considera las garantías de soberanía nacional una condición indispensable de legitimidad.

González Jiménez interpreta estos resultados como una posible diferenciación entre recibir ayuda y aceptar una dirección extranjera del proceso. Cuba podría necesitar recursos, cooperación, observación y acompañamiento internacional, pero las decisiones fundamentales deberían conservar legitimidad interna.

En conjunto, los hallazgos especiales identificados por el abogado apuntan a una sociedad que no parece moverse bajo una lógica simple de continuidad o ruptura. Los cubanos encuestados quieren cambios profundos, pero temen el caos; desean preservar derechos sociales, pero no necesariamente el sistema que actualmente los administra; aceptan mercado y propiedad privada, pero también regulación y protección social; quieren reformar instituciones estatales, pero rechazan con mayor intensidad la continuidad de las estructuras de control político.

La conclusión de González Jiménez es que Cuba no parte de cero ante una eventual transición. Identifica tres reservas de capacidades: el capital social de quienes permanecen en la Isla, el conocimiento técnico acumulado dentro de las instituciones y el capital humano, profesional, económico y relacional de la emigración. El desafío, sostiene, no consiste tanto en crearlas como en preservarlas, prepararlas y conectarlas.

Por eso, considera que la pregunta más útil ya no es simplemente si Cuba está preparada para una transición, sino qué puede hacerse desde ahora para convertir esas capacidades potenciales en preparación democrática efectiva. Su fórmula resume los principales equilibrios que, a su juicio, aparecen en las respuestas: "Estado sin continuidad autoritaria; reforma institucional sin impunidad; libertad y mercado sin desprotección social; justicia sin venganza; participación de la emigración sin sustitución de la sociedad residente; y cooperación internacional sin pérdida de soberanía democrática".

Ese conjunto, reconoce, todavía no constituye un programa de transición. Pero "puede ser un punto de partida para comenzar a construirlo".