Los gobernantes cubanos no acostumbran a realizar evaluaciones de impacto acerca de las medidas que aplican en la esfera socioeconómica de la sociedad. Por lo general aplican un paquete de medidas sin aquilatar las repercusiones de tales transformaciones sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.
Tal realidad entra en contradicción con cierto discurso aparecido en medios oficialistas de prensa. En el artículo titulado "Ni parches ni desvíos", publicado en el periódico Juventud Rebelde, el vicepresidente primero de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) plantea que "Las autoridades han prometido evaluaciones de impacto antes de cada medida para minimizar efectos no deseados y garantizar que el crecimiento beneficie a todos".
En algunos espacios informativos ha trascendido que como parte de las 176 medidas anunciadas por las autoridades se han producido algunos aumentos de salario y niveles de producción en el sector empresarial. Sin embargo, nada se dice sobre alguna repercusión favorable entre los más vulnerables. No ha habido ningún aumento en las jubilaciones y pensiones, al tiempo que las ofertas del Sistema de Atención a la Familia (SAF) van de mal en peor, y solo mejoran ligeramente cuando algún alto dirigente visita un territorio determinado. Se ha observado, incluso, que algunos comensales que habitualmente dependen de las ofertas del SAF acuden de vez en cuando a la ayuda alimentaria que ofrecen las iglesias ante las deficiencias de ese sistema.
Una de las pocas reacciones gubernamentales tras la implementación de las 176 medidas fue el surgimiento de los mercados de barrio. Un experimento con el que se pretende dar un vuelco al desabastecimiento prevaleciente en las tradicionales bodegas de cada comunidad. No obstante, en la práctica no hay mucha mejoría para los consumidores, sobre todo los de más bajos ingresos. Los antiguos precios subsidiados de las bodegas se han transformado en precios de oferta-demanda en dichos mercados, tal y como sucede en las mipymes privadas. Por otra parte, no ha habido estabilidad en los abastecimientos, y en muchas ocasiones los empleados de esos establecimientos no aceptan los pagos digitales, una firme aspiración de los consumidores.
Tenemos más ejemplos de políticas adoptadas por el castrismo, en las que no medió una evaluación de las consecuencias que tendrían para la población. Una de ellas ha sido la dolarización parcial de la economía. Después de las tiendas iniciales, el Gobierno continuó abriendo establecimientos que comercializan en esa moneda, que por supuesto son inaccesibles para buena parte de la población. El discurso oficial argumentó que se iba a dolarizar para después desdolarizar. Mas, este segundo momento casi ha quedado en el olvido.
Y si hablamos de una medida gubernamental implementada sin que los gobernantes calcularan los perjuicios que ocasionaría sobre la población, es preciso referirnos a la flamante bancarización. Además de las abundantes críticas que en medios informales ha generado la bancarización, hasta en espacios oficiales como el último Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) afloraron múltiples planteamientos acerca de las dificultades de todo tipo que afronta la población en el contexto de dicha política. Colas interminables en los bancos, la poca existencia de efectivo en las agencias, la no aceptación en muchos comercios de los pagos electrónicos, y hasta actitudes de corrupción por parte de funcionarios bancarios, son varias de las anomalías que se han presentado. No obstante, las autoridades han prestado oídos sordos a las protestas de la población y han seguido adelante con esa política.
Al parecer, esa apologética opinión acerca de la reacción oficial tras las 176 medidas económicas anunciadas por el Gobierno, como la que aparece en el citado artículo de Juventud Rebelde, podría mostrarnos, entre otras cosas, el incierto camino que recorren esas transformaciones en la práctica.
