Para 'eliminar intermediarios', el régimen amplía las facultades de las empresas extranjeras en Cuba

Las empresas extranjeras con presencia en Cuba tienen nuevas facultades desde este viernes, como parte del intento de un ahogado régimen castrista por atraer inversiones. Así, las empresas de capital extranjero ya pueden "realizar operaciones de comercio exterior y distribuir mercancías al por mayor en el país", informó la viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Déborah Rivas Saavedra, tras la publicación de las medidas en la Gaceta Oficial de la República.

Asimismo, ratificó que estas entidades podrán contratar directamente a trabajadores cubanos sin pasar de forma obligatoria por una entidad empleadora, señaló, al tiempo que sostuvo que los cambios legislativos permitirán "eliminar intermediarios de la cadena de distribución y contribuir a reducir los precios de insumos, materias primas y productos terminados importados, en beneficio del mercado nacional y de la población".

"El objetivo de la transformación es abrir más el mercado nacional a la recepción de suministros, con menos restricciones e intermediarios en la entrega de los productos", defendió la funcionaria.

Las nuevas normas, integradas en el paquete de 176 medidas económicas con las que el régimen cubano pretende salir de la actual crisis, dan cuenta de cómo La Habana no ha tenido más remedio que ir soltando el monopolio del comercio exterior, que fue una de sus líneas rojas durante décadas.

Las autorizaciones a las empresas extranjeras "buscan aumentar los suministros de insumos y materias primas para los encadenamientos con las producciones locales, como parte de las acciones dirigidas a recuperar la economía del país", dijo Rivas Saavedra.

Sin embargo, su planteamiento de que estas medidas pueden representar un importante cambio en el sector lleva a pensar en por qué no se hizo antes, por qué La Habana no eliminó antes una de las principales trabas burocráticas que impedían el funcionamiento de la economía.

"Hasta ahora las empresas extranjeras realizaban la actividad comercial, pero era el importador cubano quien nacionalizaba la mercancía, la transportaba y la distribuía. Con las nuevas normas, esos proveedores acceden al mercado de forma más directa, hasta el nivel mayorista", explicó Rivas Saavedra.

En este contexto, además, la funcionaria se refirió a uno de los principales grupos que La Habana busca seducir para que invierta, el de los cubanos residentes en el exterior, durante años denostado por el castrismo. Rivas Saavedra dijo, en tal sentido, que estos potenciales inversores "ya pueden aportar capital desde fuera del país o desde Cuba, en igualdad de condiciones con otros actores económicos".

En este contexto, el economista Pedro Monreal advirtió que la transformación económica impulsada por La Habana está generando una creciente contradicción entre la apertura anunciada al sector privado y las acciones de control sobre sus precios y ganancias.

El economista sostuvo que la actividad privada está cubriendo espacios que la red comercial estatal no consigue atender. Los precios reflejan, entonces, los costos y riesgos que enfrentan los negocios para conseguir mercancías y reponer inventarios, incluidos los derivados de la incertidumbre jurídica y de la intermediación informal, apuntó.

Así, La Habana está aprobando normas legales derivadas de las 176 medidas de la reforma económica anunciada en junio y decidida bajo la presión de EEUU, pero sin apuntar a la reactivación del sector productivo y en medio de la fuga de inversores extranjeros y de una crisis inédita que supone apagones interminables, problemas en el suministro de agua potable, la paralización casi total del transporte de pasajeros y una inflación que no deja de empeorar.