La economía cubana ha experimentado una transformación profunda en los últimos años con la dolarización progresiva de sectores estratégicos. Formalmente respaldada por normas del Consejo de Ministros, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Planificación, esta política se presenta como un instrumento para captar divisas y estabilizar la economía. Sin embargo, sus efectos reales revelan un profundo desajuste social y jurídico.
Lo que debería ser un mecanismo para mejorar la eficiencia económica se ha convertido en un instrumento de desigualdad estructural. Mientras algunos sectores tienen acceso a ingresos en divisas, la mayoría de la población trabajadora depende de salarios en pesos cubanos, incapaces de cubrir las necesidades básicas. La política, lejos de garantizar justicia social, consolida privilegios y genera fracturas en el sistema jurídico y en los derechos fundamentales.
Los decretos y resoluciones recientes, que habilitan operaciones en divisas, la apertura de cuentas en moneda extranjera y mecanismos como la Asignación de Capacidad de Acceso a la Divisa (ACAD), reflejan la apuesta oficial por el manejo centralizado de la moneda fuerte. Sin embargo, en la práctica se ha creado un mercado dual.
Quienes reciben ingresos en dólares acceden a bienes y servicios esenciales, mientras quienes dependen del salario estatal enfrentan la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Esta brecha no es solo económica, sino también jurídica, pues vulnera principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución y el Código de Trabajo.
Formalmente, la Constitución cubana no prohíbe la circulación de varias monedas. En ese sentido, la dolarización parcial no es automáticamente inconstitucional. Sin embargo, el análisis debe superar el formalismo. La coexistencia de ingresos dolarizados para algunos y salarios en pesos para la mayoría genera desigualdad material y fractura derechos esenciales. En este contexto, la legalidad se vuelve selectiva y funcional al poder, vaciando de contenido el principio de justicia social.
Los efectos sobre los derechos laborales y sociales son evidentes. El salario desconectado del costo de vida erosiona la función del trabajo como vía para la satisfacción de necesidades básicas. Esto afecta el derecho a un trabajo digno, limita el acceso a la seguridad social y reduce la protección frente a la pobreza, al tiempo que empuja a la población hacia mercados informales para subsistir. La concentración de privilegios refuerza la dependencia de ciertos sectores del acceso a divisas, mientras la mayoría queda excluida.
Expertos consultados por DIARIO DE CUBA advierten que mantener un sistema de circuitos económicos separados es un error político y económico grave. Según Pedro Monreal, la política oficial ha debilitado la moneda nacional y desincentiva la producción local, aumentando la dependencia de remesas y la importación de bienes.
La dolarización también cuestiona la función del Estado como garante de derechos fundamentales. La falta de debate público, la centralización de decisiones y la escasa rendición de cuentas limitan el control ciudadano y erosionan la confianza en las instituciones. Aunque los legisladores tienen poca independencia real, su responsabilidad política no desaparece. La población puede utilizar herramientas jurídicas para exponer contradicciones y exigir transparencia, incluso dentro de un marco institucional restringido.
El debate sobre la dolarización no debe reducirse a exigir pagos en dólares. Implica plantear reformas que ajusten los salarios al costo real de vida, eliminen la penalización por tráfico de divisas cuando responde a necesidades legítimas, garanticen acceso equitativo a la comercialización en divisas y protejan el derecho de propiedad y la libre disposición de ingresos.
La dolarización progresiva, tal como se aplica, consolida desigualdades, empobrece a los trabajadores y degrada la legalidad.
En definitiva, la dolarización en Cuba evidencia un conflicto entre la validez formal de la norma y la realidad de sus efectos. Desde la perspectiva jurídica, económica y social, la política fractura derechos fundamentales, privilegia a una élite y deja a la mayoría en situación de vulnerabilidad. Analizar este fenómeno requiere visibilizar sus consecuencias y fomentar un debate público informado sobre un modelo económico que erosiona la justicia social, la igualdad y la dignidad humana.
Caballero, ¿qué más tiene que pasar en Cuba para que la gente se dé cuenta que el país en su totalidad es propiedad de los Castro? ¿De qué ley, de qué derechos, de qué legalidad hablan los que escriben estos artículos?
Superflua la aclaración de que “no es inconstitucional”; como si la constitucionalidad alguna vez se haya tomado en cuenta en las decisiones que toman los dueños de la plantación.
El termino legalidad en una tirania totalitaria tiene el mismo sentido que hablarle de normas de conducta a una jauría de hienas.
Tanto los artículos de la constitución como los de una regulación aduanera o de un código penal de un régimen socialista, se establecen solo para enviar señales al exterior de cierto orden social más o menos aceptable en el mundo civilizado. En otras palabras, no se diseñan y aprueban para ser cumplidos por sus proponentes.
La dolarización o cualquier medida que nace del deseo o del capricho de los propios creadores y violadores de la ley, será lo que esos gánsteres quieren que sea, y no debe ser entendida de acuerdo a la racionalidad democrática de la legalidad y sus funciones. Por tanto, no se puede degradar lo que por naturaleza ya esta degradado y que existe unicamente como un espejismo.