'Demoledores' datos de ventas minoristas en Cuba chocan con la alegada recuperación económica

Las estadísticas oficiales siguen reflejando el caos de la economía cubana y su impacto negativo en la alimentación del pueblo cubano, como ha alertado este lunes el economista Pedro Monreal en uno de sus hilos en Twitter al analizar la variación de ventas estatales de bienes en pesos cubanos (CUP) del comercio minorista entre enero y diciembre de 2022.

"Se han divulgado datos oficiales sobre las ventas minoristas en Cuba que pudieran ser demoledores respecto a cualquier visión de una alegada recuperación económica en marcha. Los datos nominales no son buenos, pero cuando se ajustan a la inflación son desastrosos", señaló Monreal.

De acuerdo con el analista, "el ajuste por inflación de las ventas estatales de alimentos en el comercio minorista en CUP, utilizando la variación interanual de precios de alimentos de 63% de diciembre de 2022, indica aproximadamente el valor que hubiesen tenido esas ventas en ausencia de inflación".

"Las cifras deflactadas de 2022 ofrecen un panorama devastador. Tanto el promedio general como los datos de todas y de cada una de las categorías de alimentos presentan valores muy inferiores a las cifras del año precedente", añadió.

El economista explicó que "deflactar las cifras nominales de 2022 permite apreciar una dinámica que no es distorsionada por el mayor valor que transmite la inflación incluso cuando las cantidades físicas decrecen (toneladas, litros, etc.)".

"Las ventas de alimentos (estatales y no estatales) representaron aproximadamente un 38% del total de las ventas de bienes en Cuba en 2022. Son bienes 'inelásticos', que en lenguaje de economistas significa que la demanda tiende a no afectarse significativamente por variaciones de precios", agregó.

"Las ventas minoristas son consideradas como el respaldo material a la demanda de consumo que pudiera estar asociada a ingresos como los salarios y las pensiones. Una caída anual en dos tercios de las ventas minoristas 'reales' de alimentos no es un asunto menor", consideró.

"La enorme contracción en términos 'reales' de las ventas minoristas de alimentos en 2022 revela una dimensión importante del 'ajuste' brutal del consumo y del poder adquisitivo agregado en Cuba, con el costo del ajuste concentrado en trabajadores y jubilados", alertó Monreal.

En palabras del experto, "la 'compresión' del poder adquisitivo agregado revelada por los recientes datos de comercio minorista es compatible con la 'compresión' relativa del peso de los salarios en el PIB que ya venía produciéndose desde antes".

¿Incremento salarial como solución al empobrecimiento?

En un hilo anterior Monreal consideró "un incremento salarial para mitigar a corto plazo el empobrecimiento derivado de la inflación en Cuba", pero añadió que este procedimiento "requiere considerar", primero, "la 'compresión' salarial provocada por el 'ordenamiento'"; segundo, un "enfoque de la inflación como conflicto", y en tercer lugar "la gestión presupuestaria".

"Atenuar la inflación, no en toda su magnitud ni para eliminarla, debería ser una urgencia de política económica en la que se utilizasen mecanismos diversos con posibilidad de ser efectivos en el corto plazo a condición de que no entorpezca las soluciones a más largo plazo", señaló el economista.

"Es legítimo considerar el incremento salarial como mecanismo mitigador del efecto de la inflación en el bienestar. No es inevitable que mayores salarios se traduzcan en liquidez adicional que genere una espiral de salarios-precios. Tal efecto necesitaría ciertas condiciones", advirtió.

"Cualquier política antinflacionaria requiere producir una respuesta de oferta para que sea efectiva, pero eso toma tiempo. Paliar la inflación a corto plazo necesita acciones del lado de la demanda, con un tiempo de respuesta más breve. En general, en Cuba las empresas forman hoy precios mayores considerando principalmente los aumentos de precios mayoristas de insumos, electricidad, combustible, agua, y una utilidad preestablecida, pero el aumento de salarios no es significativo", dijo.

"En tiempos recientes, la única excepción de incrementos del salario medio superiores al índice de precios al consumidor (IPC) fue en el período 2019-2021, notablemente en 2021 con la aplicación del 'ordenamiento', pero en 2022 el IPC creció cuatro veces más que el salario medio", apuntó.

"Cuando los salarios se quedan por detrás de un incremento general de precios, como en 2022, la parte que teóricamente debería ir al trabajador para ajustar sus ingresos a los nuevos precios no desaparece por un agujero, sino que va como el pago de 'algo' hacia otros actores", precisó Monreal.

En opinión del analista, "la inflación es un fenómeno complejo que no puede ser explicado solamente como un problema monetario. Existen enfoques que consideran el conflicto —entendido como discrepancias de precios relativos— como una causa de la inflación".

"La inflación como conflicto considera que, aún en ausencia de desbalance de oferta demanda, normalmente existen conflictos entre actores que pugnan por modificar precios según sus intereses y que la incompatibilidad de metas y precios relativos causa inflación", agregó.

"Acomodar un incremento de salarios como paliativo temporal no necesariamente tiene que igualar el crecimiento del IPC, y el ingreso adicional pudiera ser derivado de una redistribución mediante mayores impuestos empresariales. Si los ingresos por mayores impuestos se dedican a la reducción neta del déficit fiscal, no modificaría la demanda global", consideró. 

Monreal recordó que "la última cifra disponible (2021) de 'remuneración de trabajadores' es de 156.000 millones de pesos". En este sentido, dijo que "un aumento de 10% equivaldría a 15,6 mil millones CUP".

"Poniendo en perspectiva el costo de 15,6 millones CUP por aumento del 10% de la 'remuneración de trabajadores', este equivaldría a un 15% de los ingresos tributarios de 2023. Igualmente es mucho más costoso el subsidio de 52.000 millones de pesos al sector empresarial", añadió.

Para concluir, Monreal dijo: "El corolario para la política antinflacionaria es que un incremento salarial es legítimo y posible, y requeriría una distribución desde los ingresos empresariales hacia los salarios mediante mayores impuestos destinados a reducir el déficit y mantener la demanda global".