El sitio oficialista Cubadebate ha ofrecido a sus lectores un balance de los cuatro primeros meses de la Tarea Ordenamiento presentando un amplio listado de 30 medidas adoptadas en dicho periodo. Realmente no se sabe si es porque han sido realmente esas las medidas que se han implementado, o porque representan la base informativa para el trabajo.
De lo que no cabe la menor duda, y en esto coincidimos, es que estas medidas, en apenas 120 días, han provocado una serie de efectos en la economía que han trastocado buena parte de los precarios equilibrios que existían antes del 1 de enero. De modo que parece evidente que, ante cambios de una magnitud tan destacada, con una incidencia transversal en todos los ámbitos de la economía y la vida del país, aparezcan dificultades.
El propio Díaz-Canel reconoció en el VIII Congreso del PCC que "el ordenamiento presentó problemas de instrumentación, por insuficiente preparación de algunos directivos e inadecuada interpretación de las normas, pero existen incomprensiones derivadas del error de asociarlo a problemas que estaban presentes antes de su implementación. A ello se suman las insatisfacciones generadas por una argumentación no siempre oportuna y precisa y algunos reclamos inadmisibles, que se alejan de los principios de la Tarea".
Por todo ello, el régimen no tuvo otro remedio que atender las quejas de los distintos sectores sociales afectados por las medidas, que fueron casi todos, y corregir las medidas aprobadas en la Tarea Ordenamiento, de modo que, en cuestión de semanas, pasaron muchas de ellas a mejor vida, con efectos muy negativos en el control interno de la economía.
Cubadebate señala algo que es evidente: "hay quienes consideran paradójico que se haya tenido que cambiar unas cuantas cosas después de tantos años de estudios", en clara referencia a los fracasos más que evidentes con las "cosas de diseño e implantación". De modo que se tiene la impresión de que, lo atropellado de los cambios, la elección del momento menos propicio para los mismos, y la escasa preparación previa de la estructura de la economía para afrontar cambios en los precios relativos, han sido los factores que han puesto a la economía cubana patas arriba, y que avance en las últimas semanas como un pato al que han cortado la cabeza.
Las 30 medidas recogidas versan sobre tarifas, precios, salarios y producción agropecuaria, que es donde se han acumulado la mayoría de las quejas y el mayor malestar de la población.
Con respecto a las tarifas, las medidas aprobadas suponen rebajas indeterminadas (se ignora el aumento real experimentado tras la Tarea Ordenamiento) acompañadas del incremento de subsidios del presupuesto, con su secuela sobre un mayor déficit. Y esto se aplica a las tarifas eléctricas, las de alquiler de ómnibus, minibuses y microbuses para el transporte a trabajadores, las de transporte a los pacientes de hemodiálisis y el cobro de la tarifa de la empresa de transporte escolar, también las de agua al sector productivo o las de los servicios jurídicos de los bufetes colectivos. Todo ello, supone menores ingresos para las entidades y con ello, menos inversiones y contrataciones de personal. Más desmotivación y menos interés en el trabajo.
También se han establecido topes en las tarifas de los servicios de la Aduana General de la República, una bonificación de la tasa de peaje a personas jurídicas y naturales que lo requieren por sus funciones y lugar de residencia y, con respecto al transporte de cargas, una rebaja del 30% a las tarifas establecidas por ferrocarril, carretera, o la forma multimodal, teniendo en cuenta el aumento de costos en todos los sectores de la economía.
Con respecto a los precios, se aprobaron rebajas en el GLP o del keroseno, y se procedió a ampliar la nomenclatura de medicamentos con precios subsidiados, todo ello exigiendo más subsidios al presupuesto del Estado, por encima de 3.000 millones de pesos cubanos. También se aprobaron subsidios a precios minoristas para productos de entrega específica al Plan Turquino —Manatí, Caimanera y zonas de difícil acceso—.
Se rebajó el precio de los comedores obreros, el precio del servicio de limpieza de fosas reiterativas, se aplicaron precios mayoristas de combustible a las cooperativas no agropecuarias, dedicadas a transporte de pasajeros, y se aprobaron precios mayoristas de combustible para TaxiCuba. Finalmente se modificaron los precios en materiales de la construcción.
Por lo que respecta a los salarios, todas las medidas aprobadas incorporaron aumento de los gastos del presupuesto, con su secuela en el déficit. Así, por ejemplo, se aprobó un anticipo salarial de 1.000 pesos cubanos a los trabajadores con posibilidades de pago en cuatro meses. Se aumentaron determinadas escalas salariales superiores para los operarios de alta clasificación en el sistema empresarial (60 cargos y más de 12.000 trabajadores) y se pasó a escalas salariales superiores a los maestros graduados de técnico superior (ciclo corto) en la enseñanza general y media.
Se aprobó el sistema de pago por resultados para cuatro sectores de la economía: agencia de taxis (TaxisCuba), empresa de transporte de La Habana (choferes y cobradores) y comercio minorista del turismo y se acordó la descentralización de la facultad al ICRT y al Ministerio de Cultura para la aprobación de las formas de pago a los trabajadores que participan en la producción y realización de los programas de radio y televisión, estudios de animación y obras audiovisuales.
Incluso, se estableció un sistema de pagos para los gestores cobradores de multas, aprobándose una nueva norma jurídica que establece sanciones a quienes ponen precios abusivos y especulativos.
En cuanto a las medidas específicas para aumentar la producción agropecuaria, difícil es prever sus consecuencias. Lo que está claro es que no van a conseguir el aumento de la oferta, por cuanto la mayoría se trata simplemente de ajustes a tarifas y precios fijados por la Tarea Ordenamiento, una labor que no debe ser realizada por ministerios, sino por el mercado.
De modo que se aprobaron rebajas de tarifas eléctricas de un 28,5% en general, y para el agua en la producción de arroz de un 32% y de un 22% para las restantes actividades. Se revisó el precio del agua subterránea, con una rebaja desde 17,50 pesos a 7,50 pesos por cada 1.000 metros cúbicos, y en todos estos casos se eliminó el cobro automático contra el saldo de las cuentas de la base productiva agropecuaria.
Se redujo el precio de los piensos nacionales para la producción porcina en un 60%, y el de los insumos necesarios para la producción porcina, con un impacto en el presupuesto estatal. También se procedió a la revisión de las fichas de costo, desde las empresas productoras de bioproductos, entre ellas LaBioFam.
En el caso de los precios de acopio del arroz cáscara húmeda, se aprobó aplicar un precio de acopio de 6.922 CUP por tonelada por la compra del arroz cáscara húmedo. De no garantizarse al productor la entrega de insumos importados, se incrementa el precio de acopio a 7.414,26 CUP por tonelada.
Se acordó flexibilizar la comercialización de determinados productos, permitiendo al productor una vez cumplido con el consumo social y el destino que el acopiador pactó con él, acudir al mercado y vender sus producciones, previa concertación de los precios con gobiernos y clientes.
No obstante, se dispuso la continuidad de precios centralizados para los destinos que incluyan entrega a la industria, así como el consumo social, dietas médicas y sistema de alimentación a la familia; y descentralizados en la venta a los gobiernos locales y grupos empresariales para otros destinos. Esta será la situación de productos como la malanga (xanthosoma y colocasia), el plátano (vianda, burro y fruta), boniato, mango, guayaba, fruta bomba y el tomate para la industria.
En conclusión, ya lo dijo Marino Murillo. Para atender las quejas de la población por la Tarea Ordenamiento, el Gobierno ha tenido que incurrir en más gasto, más déficit, a pesar de que el presupuesto de 2021 ya había establecido en su diseño original, muchos más gastos que ingresos. Las protestas sociales han incrementado los gastos, pero como dice Murillo, "el sentido común (y nuestra propia experiencia en nuestra familia) nos dice que, si los gastos superan a los ingresos tenemos un problema. Aumentar la deuda pública no puede ser la solución".
Sin "varita mágica" es difícil saber cómo se puede salir de este agujero. Es imposible dirigir una economía a golpe de déficit cuando este se incrementa, como en Cuba, por encima del 20% del PIB. La irresponsabilidad de las autoridades está detrás de este desconcierto económico que dejan los cuatro primeros meses de aplicación de la Tarea Ordenamiento. Pero lo peor aún no ha llegado, y nadie está preparándose para ello.
