Lejos de ser un daño colateral, la persecución contra madres, esposas, hijas y hermanas de presos políticos se ha consolidado como un pilar estructural para intentar silenciar a la sociedad civil en Cuba. Así lo documentó el más reciente informe de la organización Justicia 11J, "Mujeres que sostienen la lucha. Violencia política y de género contra mujeres familiares de personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba".
La organización registró 389 eventos represivos dirigidos contra 106 mujeres entre julio de 2021 y octubre de 2026, lo que demuestra el uso de la violencia de género por parte del régimen, así como la instrumentalización de la vulnerabilidad familiar.
La Seguridad del Estado encabeza la lista de los principales agresores y articula un repertorio de hostigamiento que incluye citaciones e interrogatorios, amenazas directas, detenciones arbitrarias y vigilancia policial recurrente en los entornos domiciliarios de las afectadas.
Violencia de género y rehenes carcelarios
Justicia 11J registró episodios que van desde desnudos forzados durante interrogatorios y requisas carcelarias hasta propuestas de carácter sexual por parte de oficiales de la policía política.
Asimismo, las agresiones no han respetado ni el embarazo ni el posparto. Se han registrado casos de mujeres golpeadas o sometidas a presión psicológica pocos días después de dar a luz.
Según documentó la organización, la maquinaria represiva del régimen también ha recurrido al chantaje explícito, utilizando a los propios reclusos como rehenes. Así, en numerosas ocasiones los agentes amenazaron con trasladar a los presos a cárceles lejanas, fabricarles nuevos delitos o agravar sus condiciones de reclusión si sus familiares persistían en la denuncia pública.
A esto se suma la instrumentalización de la maternidad y la infancia: amenazas de arrebatar la custodia de los hijos, hostigamiento a menores en centros escolares y separación forzada de hijas de presas políticas.
De igual forma, todas las mujeres entrevistadas por Justicia 11J para la investigación perdieron sus empleos o renunciaron a sus proyectos personales debido al acoso estatal, y sufrieron, además, un profundo deterioro físico y emocional.
En un sistema penitenciario incapaz de garantizar alimentación, medicamentos o atención médica básica, la subsistencia de los reclusos recae enteramente sobre los hombros de sus familias, con consecuencias económicas que muchas veces son difíciles de solventar.
La resistencia cívica frente al muro de la impunidad
Frente a este panorama de desamparo institucional —en el que los recursos presentados ante la Fiscalía y los tribunales son sistemáticamente ignorados—, el informe subraya la capacidad de acción y resiliencia de las mujeres.
Ante la absoluta falta de vías internas efectivas en Cuba, la denuncia en redes sociales, la articulación de redes de apoyo entre familias y la búsqueda de visibilidad internacional se han convertido en sus escudos protectores más eficaces.
No obstante, esta defensa de derechos acarrea un peligro latente: al menos seis mujeres han pasado de acompañar a un familiar preso a ser procesadas y encarceladas ellas mismas, enfrentando condenas desproporcionadas de hasta 14 años de privación de libertad bajo la acusación de supuestos delitos contra el orden constitucional.
Como advirtió Camila Rodríguez, directora de Justicia 11J, el Estado busca que el costo de defender a un familiar resulte insoportable. Sin embargo, a pesar de los cercos policiales, los cortes de telecomunicaciones y el miedo generalizado, estas mujeres continúan sosteniendo la lucha por la libertad de sus familiares, al tiempo que exigen verdad, justicia y reparación.
