Al menos 56 mujeres estaban privadas de libertad por motivos políticos en Cuba al 3 de noviembre de 2026, de acuerdo con el registro de Justicia 11J. De ellas, 24 son madres y 21, afrodescendientes. Son cifras parciales de una parte de la población penal de mujeres: la falta de información oficial y las dificultades para documentar los casos impiden conocer la dimensión real del encarcelamiento femenino en la Isla.
Camila Rodríguez, directora de programas de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C., conversa con DIARIO DE CUBA sobre el tema, en representación del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) y Justicia 11J. Sus declaraciones amplían las denuncias sobre el uso del contacto familiar como mecanismo de control, que CDPC expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre.
La pobreza bajo castigo, las cifras bajo llave
"El Estado cubano no permite responder a esa pregunta con datos", dice Rodríguez sobre las circunstancias que llevan a las mujeres a prisión. La última cifra oficial de población penal que conoce la organización fue publicada en Granma en mayo de 2012: entonces eran 57.337 personas, sin desglose por sexo ni delito.
Desde 2023, el CDPC ha registrado alrededor de 650 eventos relacionados con reclusas o prisiones de mujeres, y obtenido información sobre más de 90 mujeres encarceladas. Predominan los casos políticos, pero eso no indica que sean mayoría en las cárceles, sino que sus familias denuncian más públicamente. "Todo lo que contamos es un subregistro", advierte.
Sin datos suficientes para medir el peso de la precariedad, Rodríguez señala que el Código Penal castiga conductas que, en medio de la escasez, pueden ser formas de subsistencia. El acaparamiento se define por cantidades superiores a las "necesidades personales o familiares", un criterio que considera carente de parámetros objetivos y que afecta especialmente a quienes abastecen el hogar, generalmente mujeres.
Recuerda la persecución de las llamadas "coleras" durante la pandemia, con una incidencia significativa sobre afrodescendientes, migrantes internas y residentes de barrios periféricos. A ello suma que el impago de multas puede conducir a prisión sin distinguir entre quien no quiere pagar y quien no puede: "Esto es lo que se entiende en el mundo como criminalización de la pobreza".
Los hijos como instrumento de presión
Las denuncias recibidas por el CDPC describen meses de prisión provisional, dificultades de los abogados para acceder a expedientes y sentencias que tardan meses en notificarse. En ocasiones, la espera del juicio supera un año, como ha documentado DIARIO DE CUBA.
Aunque existen alternativas al encarcelamiento para mujeres con hijos a cargo, la organización desconoce cómo se aplican a la mayoría de las presas comunes. Entre las políticas, Rodríguez vincula las escasas concesiones documentadas sobre todo a la repercusión pública y las negociaciones externas.
"Las alternativas a la prisión son una obligación del Estado, no un gesto político", subraya. En enero de 2022, según sus registros, la Fiscalía amenazó a una presa del 11J, madre de cinco hijos, con quitarle la custodia de los tres menores si no firmaba una declaración de culpabilidad.
Violencia que no encuentra protección
El CDPC documenta desnudez forzada, requisas humillantes y presiones para que embarazadas abortaran, incluido el envío de una mujer a una celda de castigo por negarse. También recoge testimonios públicos de violaciones y amenazas de violencia sexual tras las protestas de 2021, principalmente en unidades policiales y de instrucción.
Denunciar puede traer nuevas sanciones: suspensión de llamadas, castigos por hablar con medios independientes o represalias por publicaciones de familiares. Las comunicaciones vigiladas y la confiscación de anotaciones impiden la confidencialidad. "La denuncia llega primero a quienes se denuncia", explica.
El problema es estructural: las quejas llegan a la Fiscalía, la misma institución que acusa y solicita las condenas. Rodríguez cuestiona que los abusos terminen remitidos a la cadena de mando del sistema penitenciario.
Según la información estatal citada por la investigadora, solo el 7% de 11.151 quejas de personas presas entre 2017 y 2021 se resolvió a favor de quien reclamó. El equipo no conoce una queja de una reclusa o su familia que haya derivado en una investigación con resultados públicos, sanciones a responsables o mejoras verificables.
Salir sin recuperar la libertad
Entre enero y febrero de 2025, Justicia 11J registró al menos 29 mujeres beneficiadas por excarcelaciones; dos ya estaban fuera de prisión. La mayoría quedó bajo libertad condicional o licencia extrapenal, con la pena pendiente.
Rodríguez denuncia amenazas para impedirles hablar con la prensa, denunciar o publicar en redes. Dos de las excarceladas en enero de 2025 volvieron a prisión.
La crisis también dificulta conocer nuevos casos: mujeres sin militancia previa protestan y son encarceladas sin contar con redes que visibilicen su situación. "Sus casos nos llegan tarde o no nos llegan", explica. Y para las excarceladas por motivos políticos, resume, "la salida casi nunca es una libertad plena".