El encarcelamiento por motivos políticos en Cuba no se limita a las deplorables condiciones de las cárceles del régimen, sino que se extiende, mediante hostigamientos materiales y psicológicos, al entorno familiar de los presos políticos. Así lo demuestra el informe El castigo extendido. Necesidades de las personas presas políticas en Cuba y de sus familias, publicado este lunes por el grupo de asesoría legal Cubalex, a partir de entrevistas a casi una treintena de familiares, la mayoría de ellos mujeres.
El estudio revela la existencia de un patrón sistemático mediante el cual el régimen cubano, incapaz de sostener los niveles mínimos de dignidad en las cárceles, transfiere a los hogares la responsabilidad de sostener la vida de los reclusos, al tiempo que los somete a vigilancia, acoso y despidos laborales.
Así, los reos que carecen de una red de apoyo quedan, en palabras de una entrevistada, "en la indigencia", lo que viola cualquier convención internacional sobre el tratamiento de las personas bajo custodia.
En tal sentido, las condiciones de reclusión documentadas por Cubalex violan abiertamente las Reglas Mandela de las Naciones Unidas. El informe registra hacinamiento extremo, infestaciones de plagas, falta de agua potable durante días y el uso recurrente del aislamiento prolongado. En celdas "tapeadas", los prisioneros sufren encierros de meses, golpizas y agresiones con gas pimienta.
A esto se suma la privación del derecho a la salud y a una alimentación digna. Las raciones son mínimas, están podridas y carecen de nutrientes, lo que provoca severas pérdidas de peso y muertes bajo custodia.
"No hay medicamentos", repiten los familiares, al tiempo que enfatizan que las autoridades penitenciarias solo prestan una atención mínima a las urgencias cuando existe presión mediática. "Solo cuando denuncié en redes lo llevaron al hospital", apuntó una de las entrevistadas.
El costo de la supervivencia
Ante el abandono estatal, las familias deben encargarse de proveerlo todo: alimentos, medicinas, productos de higiene, ropa de cama e incluso los insumos para intervenciones médicas básicas. "Todo, todo, todo lo da el familiar", atestigua uno de los testimonios.
En una sociedad que atraviesa su peor crisis en décadas, el costo de mantener a un familiar en prisión evidencia la retirada del Estado de la atención a un sector que, por ley, debe atender. Así, según los datos recogidos por Cubalex, el envío de alimentos y medicinas por visita oscila entre 20.000 y 60.000 pesos cubanos, con la franja más común situada entre 30.000 y 40.000 CUP.
Además, llegar a los centros penitenciarios suele costar entre 3.000 y 15.000 pesos por viaje, mientras que las recargas telefónicas demandan hasta 1.000 pesos mensuales.
Estas sumas resultan inalcanzables para la economía doméstica en un país donde el salario mínimo es de 3.210 pesos y la pensión básica roza los 3.056. Un solo envío de víveres a la cárcel equivale a entre 9,8 y 13,1 meses de una pensión.
Frente a este panorama, el 60% de los entrevistados identifica la necesidad económica como la más urgente, y se reportan familias que sobreviven con una sola comida al día. "Aunque nosotros no comamos, lo mejor es para él", confiesa una madre.
Represión en el hogar y desprotección jurídica
El castigo persigue a las familias fuera del penal. Madres, esposas e hijas —quienes asumen el peso principal del cuidado— sufren citaciones intimidatorias, actos de repudio y la pérdida de sus empleos por presiones de la Seguridad del Estado. "No me aceptan en ningún trabajo del Gobierno", relata una cuidadora.
Por otro lado, la indefensión legal es absoluta. Las familias perciben que las vías institucionales son inútiles: "He mandado más de 27 denuncias y nunca respondieron". Los abogados asignados o contratados resultan ineficaces ante la naturaleza política de las condenas, al tiempo que las autoridades penitenciarias ocultan deliberadamente la información sobre beneficios penitenciarios.
Mientras las condiciones se agravan a diario, Cubalex concluye que la ayuda humanitaria directa —especialmente las transferencias económicas en efectivo para evitar intermediarios e hiperinflación— no exime al régimen cubano de sus obligaciones, pero es hoy la única vía para evitar daños irreversibles a familias sometidas a un castigo colectivo deliberado.
