Las fuerzas represivas del régimen cubano excarcelaron a la activista Lumey Guzmán, quien fue arrestada el pasado 9 de julio por "ejercer pacíficamente su libertad de expresión y su derecho a la protesta", mientras manifestaba "su descontento por los prolongados apagones en Alamar", informó Justicia 11J.
Según confirmó una fuente familiar a la organización, Guzmán "continuará el proceso judicial desde su domicilio, tras el pago de una fianza de 7.000 pesos cubanos".
Acusada de "desacato" por "publicar en sus redes sociales críticas al régimen cubano y llamar a la ciudadanía a expresarse frente a la crisis que atraviesa el país", la activista permaneció en distintos centros de detención. Su periodo de prisión lo pasó casi todo en la cárcel de El Guatao, en La Habana, donde, según su entorno familiar, perdió "mucho peso" y sufrió "un deterioro en su estado mental".
"Ahora está fuera de prisión, pero sigue sometida a un proceso por ejercer pacíficamente su libertad de expresión y manifestar su descontento ante la situación del país", enfatizó Justicia 11J.
"La cárcel no puede ser la respuesta a una opinión crítica ni a una protesta pacífica", dijo la organización, y agregó que "el uso del delito de desacato para perseguir voces críticas y mantenerlas privadas de libertad constituye una forma de represión y busca generar miedo en quienes se atreven a denunciar".
"Detener a una persona por el contenido de sus publicaciones en redes sociales constituye una represalia incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos", subrayó la organización, al tiempo que el colectivo Fuera de la Caja enfatizó: "No podemos permitir que el silencio del régimen normalice el secuestro de ciudadanos".
Este caso demuestra que, como señaló hace algunos meses el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), "todo apunta a que el nivel de paranoia del régimen aumentará en este año que comienza". En tal sentido, mientras el régimen redobla su retórica de resistencia frente a presiones externas, en la Isla se consolida un patrón de control que mezcla censura, vigilancia digital y criminalización de la disidencia. No es nuevo, pero sí más intenso.
El resultado es un escenario en el que, con más vehemencia, un meme, una encuesta o un comentario en redes pueden convertirse en detonantes de investigaciones, amenazas o sanciones penales, como demuestra el arresto arbitrario de Lumey Guzmán.
Su caso, además, es ilustrativo de un patrón de represión: el régimen lleva años haciendo un uso abusivo de los términos legales de la prisión provisional, un escenario que se ha incrementado en los últimos meses, a tenor del aumento de la represión en la Isla. En tal sentido, según dijeron a DIARIO DE CUBA varios expertos jurídicos, la prisión provisional desborda con creces la función cautelar que le asigna la ley para convertirse en un mecanismo de neutralización, control procesal y castigo anticipado.
