La persecución política que ejecuta el régimen cubano por los comentarios críticos en redes sociales es cada vez más evidente y demuestra el auge de la paranoia represiva por parte de La Habana. En tal sentido, la organización de derechos humanos Justicia 11J llamó la atención sobre "la prolongada detención arbitraria de Lumey Guzmán, una acción represiva que evidencia, una vez más, la criminalización de la libertad de expresión en Cuba".
Guzmán permanece en prisión desde hace diez días, cuando fue arrestada el 7 de julio "tras hacerse conocida por publicar en sus redes sociales críticas al régimen cubano y llamar a la ciudadanía a expresarse frente a la crisis que atraviesa el país", indicó la citada entidad.
Entretanto, el colectivo Fuera de la Caja detalló que "las autoridades han jugado al escondite con su integridad física. Ha sido trasladada de manera intermitente entre varias unidades policiales, incluyendo las de Alamar y Cojímar, en lo que parece ser una táctica deliberada de desorientación y aislamiento".
Al propio tiempo, el grupo de jóvenes evangélicos contestatarios, también criminalizado, sostuvo que "esta no es una detención aislada; es una represalia directa contra una voz que, en repetidas ocasiones, ha tenido la valentía de señalar la corrupción y la arbitrariedad del sistema".
En este contexto, Justicia 11J recalcó que "expresar opiniones, denunciar la gestión estatal o cuestionar a las autoridades está protegido por el derecho a la libertad de expresión". "Detener a una persona por el contenido de sus publicaciones en redes sociales constituye una represalia incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos", subrayó la organización, al tiempo que Fuera de la Caja enfatizó: "No podemos permitir que el silencio del régimen normalice el secuestro de ciudadanos".
Así, Justicia 11J exigió "información inmediata sobre la situación de Lumey Guzmán, el respeto de todas sus garantías procesales y el cese de la persecución contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a opinar y disentir".
Este caso demuestra que, como señaló hace algunos meses el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), "todo apunta a que el nivel de paranoia del régimen aumentará en este año que comienza". En tal sentido, mientras el régimen redobla su retórica de resistencia frente a presiones externas, en la Isla se consolida un patrón de control que mezcla censura, vigilancia digital y criminalización de la disidencia. No es nuevo, pero sí más intenso.
El resultado es un escenario en el que, con más vehemencia, un meme, una encuesta o un comentario en redes pueden convertirse en detonantes de investigaciones, amenazas o sanciones penales, como demuestra el arresto arbitrario de Lumey Guzmán.
El caso evidencia, asimismo, la forma en que internet y las plataformas digitales se han vuelto espacios de participación política cotidiana, en los que lo personal se vuelve político y la experiencia individual adquiere visibilidad colectiva, por lo que el régimen busca cortar cualquier intento de disidencia organizada que surja en ellas.
Además, el "Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba", elaborado por Prisoners Defenders, demostró que la vigilancia no es una práctica ocasional, sino una política sistemática. Con 200 testimonios directos recogidos en menos de dos meses, el informe revela que el 98,5% de los entrevistados sufrió algún tipo de represalia relacionada con comunicaciones o publicaciones digitales.
