El pasado 9 de julio, fuerzas represivas del régimen cubano detuvieron a la activista Lumey Guzmán, señalada por "publicar en sus redes sociales críticas al régimen cubano y llamar a la ciudadanía a expresarse frente a la crisis que atraviesa el país". Un mes después, mientras permanece encarcelada en la prisión de El Guatao, su entorno familiar denunció que "ha perdido mucho peso" y sufre "un deterioro en su estado mental", destacó la organización Justicia 11J.
Guzmán, quien está a la espera de juicio, fue acusada de desacato por "ejercer pacíficamente su libertad de expresión y su derecho a la protesta", mientras manifestaba "su descontento por los prolongados apagones en Alamar", apuntó la citada organización.
"La cárcel no puede ser la respuesta a una opinión crítica ni a una protesta pacífica", dijo, y agregó que "el uso del delito de desacato para perseguir voces críticas y mantenerlas privadas de libertad constituye una forma de represión y busca generar miedo en quienes se atreven a denunciar".
"Detener a una persona por el contenido de sus publicaciones en redes sociales constituye una represalia incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos", subrayó la organización, al tiempo que el colectivo Fuera de la Caja enfatizó: "No podemos permitir que el silencio del régimen normalice el secuestro de ciudadanos".
En este contexto, Justicia 11J exigió "la libertad de Lumey Guzmán, el respeto de sus garantías procesales y el cese de la persecución contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos".
Este caso demuestra que, como señaló hace algunos meses el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), "todo apunta a que el nivel de paranoia del régimen aumentará en este año que comienza". En tal sentido, mientras el régimen redobla su retórica de resistencia frente a presiones externas, en la Isla se consolida un patrón de control que mezcla censura, vigilancia digital y criminalización de la disidencia. No es nuevo, pero sí más intenso.
El resultado es un escenario en el que, con más vehemencia, un meme, una encuesta o un comentario en redes pueden convertirse en detonantes de investigaciones, amenazas o sanciones penales, como demuestra el arresto arbitrario de Lumey Guzmán.
El caso evidencia, asimismo, la forma en que internet y las plataformas digitales se han vuelto espacios de participación política cotidiana, en los que lo personal se vuelve político y la experiencia individual adquiere visibilidad colectiva, por lo que el régimen busca cortar cualquier intento de disidencia organizada que surja en ellas.
