El aparato represivo del régimen cubano alcanzó en julio de 2026 un nuevo y preocupante récord. Así, según el informe mensual del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), perteneciente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), el séptimo mes del año registró 272 violaciones de la libertad de expresión y de prensa.
La cifra, que representa el pico represivo más alto de todo el año, da la medida de cómo el volumen de agresiones aumentó un 51,1% respecto a junio de 2026 (cuando se contabilizaron 92 casos menos) y un incremento de 88 violaciones en comparación con julio de 2025.
Para el ICLEP, este repunte no es casual, toda vez que, en los días alrededor del quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, las fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) desplegaron operativos intimidantes, que incluyeron arrestos arbitrarios, a lo largo de toda la Isla.
La organización detalló que, del total de incidentes verificados, 227 (el 83,5%) correspondieron a violaciones contra la libertad de expresión, mientras que 45 (16,5%) afectaron de forma directa la libertad de prensa y el trabajo de periodistas independientes.
El hostigamiento y la agresión psicológica encabezaron la tipología de ataques, con 120 casos documentados. Este indicador sufrió un disparo intermensual del 106,9% en relación con el mes previo, reflejando la táctica de cerco domiciliario, vigilancia permanente, citaciones inhibitorias y amenazas directas contra activistas y familiares.
Asimismo, el informe resaltó que los presos políticos volvieron a ubicarse en el primer puesto entre los sujetos agredidos. Dentro de las prisiones, las autoridades recrudecieron los castigos, el aislamiento, la denegación de asistencia médica y la restricción de llamadas telefónicas contra quienes denuncian las condiciones del encierro.
En cuanto a la distribución territorial, si bien La Habana continuó siendo el epicentro de la represión, con 148 violaciones (el 54,4% del total nacional), el ICLEP destacó que todas las provincias del país reportaron al menos un hecho represivo verificado durante el mes.
Respecto a los perpetradores, la Seguridad del Estado se mantuvo como el principal agente ejecutor, responsabilizada directamente por el 50,5% de los hechos (96 agresiones). La Policía Nacional Revolucionaria (PNR), junto a las autoridades penitenciarias y las brigadas de respuesta rápida del Partido Comunista, completaron el entramado represivo.
Al tiempo que señaló que "el contexto represivo cubano impone restricciones severas al acceso a la información", por lo que estas cifras constituyen un subregistro, el ICLEP subrayó que el nuevo récord de 272 agresiones constata que, lejos de amainar, la estrategia de la cúpula castrista para sostener el control social ante el deterioro económico sistémico sigue basándose en el sofocamiento sistemático de cualquier espacio de expresión o prensa libre.
"La dictadura no reforma sus prácticas represivas: las perfecciona", apuntó el pasado junio el director general del ICLEP, Normando Hernández, al tiempo que vaticinó que, "de mantenerse la tasa de crecimiento interanual, 2026 superará las 1.500 violaciones documentadas, especialmente si la crisis económica no se revierte".
En su más reciente informe anual, el ICLEP anticipó "una mayor legalización de la represión a través del sistema judicial, la expansión del blanco represivo hacia grupos no organizados —jóvenes en redes sociales, trabajadores informales y religiosos—, la continuidad del exilio forzado de periodistas y la repetición de picos represivos en fechas clave como mayo, julio y diciembre".
Además, prevé "un control digital más sofisticado y selectivo, la intensificación del hostigamiento transnacional contra exiliados en América Latina y la profundización de la autocensura estructural en la ciudadanía".
