En 2025 ocurrieron en Cuba al menos 1.188 violaciones a la libertad de expresión y de prensa. Así quedó refrendado en el informe anual que presentó este viernes el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). En él, la entidad documentó un aumento del 54,7% respecto a las 768 registradas en 2024, "lo que consolida 2025 como uno de los períodos más represivos del último trienio", destacó.
El ICLEP denunció que "la dictadura extiende su halo represivo a todo aquel que disienta, y cada vez son menos los periodistas independientes que logran ejercer desde la Isla". En tal sentido, del total documentado, el 83,8% (995 casos) corresponde a violaciones a la libertad de expresión y el 16,2% (193) a la libertad de prensa.
"El promedio mensual alcanzó las 99 agresiones, con un pico histórico de 184 violaciones en julio, coincidiendo con los operativos preventivos masivos desplegados en el cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021", detalló el ICLEP, al tiempo que subrayó que "el hostigamiento psicológico —amenazas, vigilancia, citaciones e intimidación a familiares— fue el método más empleado, con 435 casos".
Asimismo, la entidad hizo hincapié en "el crecimiento desproporcionado de las detenciones arbitrarias, que pasaron de 150 a 386 casos, un aumento del 157,3%".
"El uso abusivo del poder estatal —procesos penales fabricados, condenas desproporcionadas y castigos penitenciarios— creció un 72,5%, confirmando que el régimen traslada la represión del ámbito policial al judicial y administrativo para revestirla de apariencia legal y reducir su visibilidad internacional", destacó el citado informe.
El ICLEP añadió que, si bien "los activistas concentraron el 30,2% de los registros y los ciudadanos comunes sin afiliación política el 18,7%", en 2025 "el blanco represivo se expandió más allá de la disidencia organizada", con un aumento de las "personas castigadas por publicar un comentario en redes sociales, filmar una cola o protestar contra los apagones".
En cuanto a los agentes represores, el ICLEP detalló que los principales perpetradores fueron la Seguridad del Estado (43,7%) y la Policía Nacional Revolucionaria (36,8%), seguidos "del sistema penitenciario, el sistema judicial, los medios estatales, el monopolio de las telecomunicaciones ETECSA y hasta el Ministerio de Educación Superior, que reprimió a estudiantes universitarios tras las protestas por el tarifazo de los datos móviles", sostuvo.
Además, como es recurrente, La Habana concentró buena parte de los hechos (38%), seguida de Matanzas (13,8%) y Villa Clara (12%).
Al analizar estos datos, el director general del ICLEP, Normando Hernández, remarcó que "2025 no fue simplemente un año con más represión, sino con una represión cualitativamente distinta: más dependiente de la detención arbitraria, más anclada al poder institucional del Estado y con un control digital más selectivo y difícil de documentar".
"La dictadura no reforma sus prácticas represivas: las perfecciona", enfatizó, mientras el ICLEP vaticina que, "de mantenerse la tasa de crecimiento interanual, 2026 superará las 1.500 violaciones documentadas, especialmente si la crisis económica no se revierte".
Al propio tiempo, la entidad anticipa "una mayor legalización de la represión a través del sistema judicial, la expansión del blanco represivo hacia grupos no organizados —jóvenes en redes sociales, trabajadores informales y religiosos—, la continuidad del exilio forzado de periodistas y la repetición de picos represivos en fechas clave como mayo, julio y diciembre".
Además, prevé "un control digital más sofisticado y selectivo, la intensificación del hostigamiento transnacional contra exiliados en América Latina y la profundización de la autocensura estructural en la ciudadanía".
