Las estrategias del régimen cubano contra los presos políticos ganan cada día más fuerza y tienen uno de sus principales recursos en el aislamiento, que las fuerzas represivas ejecutan mediante "las restricciones de comunicación que enfrentan varios presos políticos en centros penitenciarios del país", denunció el grupo de asesoría legal Cubalex, al tiempo que subrayó que "sus familias llevan días e incluso semanas sin información sobre su situación o estado de salud".
En tal sentido, Mirka Ibáñez Morales, madre del preso político del 11J Yadir Ayala Ibáñez, denunció que lleva una semana sin poder comunicarse con su hijo, recluido en la prisión Kilo 8, en Camagüey, y expresó preocupación por su estado de salud, indicó la citada organización. Este panorama es particularmente preocupante, toda vez que, en las últimas semanas, DIARIO DE CUBA ha publicado varias denuncias sobre las deplorables condiciones de dicho centro penitenciario.
Así, también en Kilo 8, el preso político Fausto René Ramos Ramírez lleva 15 días sin poder hablar por teléfono con su familia. "La situación genera especial preocupación porque continúa recluido en una celda de castigo y sus familiares desconocen en qué condiciones se encuentra", alertó Cubalex.
En la misma cárcel camagüeyana, una de las más señaladas del país, el preso político Giorkis Vargas Ramos permanece en aislamiento y lleva ocho meses sin recibir visitas, resaltó la ONG, al tiempo que indicó que, a pesar de que su familia viajó recientemente al penal para visitarlo, las autoridades penitenciarias se lo impidieron.
Mientras, en la prisión Combinado del Este, en La Habana, el preso político Amijaíl Sánchez González también permanece incomunicado, encerrado en una celda de castigo y sin poder recibir visitas ni realizar llamadas telefónicas. Además, "lleva más de 15 días en huelga de hambre en protesta por el acoso y los maltratos de un funcionario penitenciario", resaltó Cubalex.
Al propio tiempo, varios reclusos denunciaron restricciones en el campamento de trabajo forzado "El 18", anexo a la prisión 1.580, en San Miguel del Padrón. En tal sentido, el reo del 11J Yasniel Mariño Himely lleva más de 20 días sin poder hablar con su familia.
Mientras, el también preso político Marcos de la Luz Caballero Granados inició una huelga de hambre para denunciar las precarias condiciones de reclusión. "Entre los abusos, señaló precisamente la falta de acceso al teléfono durante más de 20 días, que mantiene a los reclusos sin comunicación con sus familiares", precisó Cubalex.
"La incomunicación prolongada aumenta la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y dificulta que sus familiares conozcan su estado de salud, las condiciones en las que permanecen recluidas o posibles abusos en su contra. El riesgo es aún mayor cuando estas restricciones se combinan con celdas de castigo, aislamiento, huelgas de hambre y suspensión de visitas familiares", subrayó la ONG.
En este contexto, Cubalex reiteró su exigencia al régimen para que "garantice de inmediato la comunicación de estas personas con sus familiares, permita las visitas correspondientes y ponga fin al uso arbitrario del aislamiento y las restricciones como formas de castigo".
"La incomunicación aumenta el riesgo de abusos y vulneraciones de derechos y dificulta conocer las condiciones en las que permanecen las personas bajo custodia del Estado", sostuvo.
Sin embargo, no se trata de hechos aislados, toda vez que las autoridades represivas insisten en el aislamiento como una forma de castigo agravado contra los reos, al tiempo que utilizan la incomunicación como mecanismo de chantaje y tortura.
