El régimen cubano excarceló este fin de semana al manifestante del 11J y preso político Kevin Frómeta Castro, quien cumplió de forma íntegra la sanción de cinco años de privación de libertad que le había sido impuesta. Si bien su excarcelación debió producirse hace dos semanas, las autoridades del régimen alargaron sin justificación su agonía, como muestra del particular encono que sostienen contra los condenados por las protestas masivas del 11 de julio de 2021.
"Se acabó la espera", escribió su madre, Caridad Magdalena Castro Ruiz, en su perfil de Facebook al anunciar la puesta en libertad de su hijo. "Ahora lo único importante es que disfrute de su familia, de la libertad y de la paz", agregó.
A lo largo de sus cinco años de prisión, Frómeta Castro llevó a cabo varias huelgas de hambre para reclamar asistencia médica y el respeto de sus derechos, razón por la cual fue hostigado de forma recurrente y encerrado en celdas de castigo. Además, su madre denunció de forma sistemática el deterioro de su estado de salud y la falta de atención médica adecuada en la prisión 1.580, en San Miguel del Padrón, La Habana.
Si bien la excarcelación de Frómeta Castro representa un motivo de alegría para él y su familia, "recuerda la situación de otros cubanos que permanecen encarcelados por motivos políticos y el impacto humano que estas condenas tienen sobre sus seres queridos", apuntó en su perfil de Facebook el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
"Las autoridades cubanas deben garantizar que todas las personas privadas de libertad reciban atención médica oportuna, que se respeten sus derechos fundamentales y que nadie sea encarcelado por ejercer pacíficamente la libertad de expresión y el derecho de manifestación", agregó.
Frómeta Castro fue sentenciado a cinco años de privación de libertad por sedición, luego de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la Esquina de Toyo, del municipio habanero de Diez de Octubre. Tenía 19 años cuando fue arrestado. La Fiscalía Provincial de La Habana le pidió 18 años de prisión, pena que se redujo en el proceso de casación.
Su nombre figura en la lista de 34 presos políticos que cumplieron de forma íntegra sus penas en torno a este 11 de julio y que el régimen está obligado a excarcelar. Sin embargo, ningún movimiento permite entrever que La Habana vaya a realizar una puesta en libertad masiva de estos reos, a pesar de que varios de ellos han salido de los centros penitenciarios, aunque siempre en un ambiente de opacidad y sin que las organizaciones dedicadas al tema hayan podido verificar cuántos de ellos continúan aún encarcelados.
Cinco años después del 11J, el dato resulta especialmente significativo porque evidencia que, tratándose de presos políticos, el sistema penitenciario cubano negó de forma sistemática los principales mecanismos de flexibilización de la ejecución penal —como la libertad condicional, la sustitución de la pena de prisión o la licencia extrapenal por enfermedad—, obligándolos a cumplir en confinamiento la totalidad de las condenas impuestas, lo que viola el propio ordenamiento jurídico cubano.
