El régimen cubano tiene actualmente a 820 cubanos encarcelados por razones políticas, mientras amplía la persecución contra opositores mediante arrestos arbitrarios, medidas cautelares y restricciones extrajudiciales, según el informe mensual de Prisoners Defenders correspondiente al cierre de junio de 2026.
La organización señaló que ha verificado 1.306 casos de persecución política, una cifra récord que incluye tanto a personas encarceladas como a otras sometidas a medidas restrictivas de libertad, procesos penales abiertos o vigilancia estatal. De ese total, 820 continúan tras las rejas.
El informe, publicado a pocos días del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, sostiene que el régimen ha intensificado una estrategia de "represión preventiva" para desalentar cualquier expresión pública de descontento.
Durante junio, Prisoners Defenders incorporó 32 nuevos casos de personas en prisión por motivos políticos, mientras siete personas salieron de la lista tras cumplir íntegramente sus condenas. La organización mantiene además otros 21 expedientes en proceso de verificación.
Uno de los datos que más preocupa es el aumento de menores de edad víctimas de la represión. El informe contabiliza 40 presos políticos detenidos cuando eran menores, la cifra más alta documentada hasta ahora por la organización. De ellos, 16 permanecen encarcelados en prisiones para adultos y otros 16, detenidos tras las protestas del 11J, fueron condenados por sedición a una pena media de cinco años de cárcel.
Según Prisoners Defenders, la persecución ya no se dirige únicamente contra activistas tradicionales, sino también contra personas con influencia social o presencia en internet.
Entre los nuevos presos políticos figuran los creadores de contenido Eduardo Ceballos Pérez, conocido como Eddy Jones, y Christian Rodríguez Riverón, responsables del canal de YouTube Despingovery Channel. Ambos fueron encarcelados bajo acusaciones de "espionaje" o "revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado" por publicar videos sobre instalaciones militares abandonadas y el deterioro de infraestructuras en Cuba.
La organización también incluyó en su listado al rapero Andrés Matos Alcántara, conocido como MC K-LIBRE, detenido tras las protestas contra los apagones en Barbosa, La Habana. Prisoners Defenders denunció que las autoridades ocultaron inicialmente su paradero, lo que llevó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a activar una acción urgente. Actualmente permanece en la prisión de Valle Grande, pese a padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes tipo 1.
El informe incorpora además al pastor evangélico Alexis Padrón Lorenzo, arrestado después de protestar por los apagones y la escasez de agua en Regla; a Héctor Ochoa Vergara, encarcelado tras una manifestación en Ciego de Ávila, y al médico Wilber Enmanuel Álvarez Salvat, ex preso del 11J que volvió a ser procesado tras acudir a una citación policial.
Prisoners Defenders también denunció la creciente utilización de medidas cautelares y restricciones de movimiento contra periodistas y escritores independientes, entre ellos Rolando Rodríguez Lobaina, Yoanny Limonta García y Ángel Santiesteban Prats, quienes permanecen sometidos a procesos penales sin estar en prisión.
En materia de salud, el informe advierte que 458 presos políticos padecen enfermedades graves o crónicas y otros 53 presentan trastornos mentales preexistentes incompatibles con el encarcelamiento. La organización acusa al régimen de utilizar la negación de atención médica como mecanismo de castigo.
Entre los casos más graves menciona a Juan Enrique Pérez Sánchez, preso del 11J que contrajo tuberculosis en prisión; Rolando Yusef Pérez Morera, cuyo deterioro físico quedó documentado durante un permiso penitenciario, y Carlos Alberto MacDonald Ennis, excarcelado bajo fianza con un avanzado tumor maxilar tras más de dos años de prisión provisional.
El informe también denuncia un incremento del hostigamiento contra activistas en vísperas del quinto aniversario del 11J. Según la organización, la Seguridad del Estado desplegó cercos domiciliarios, detenciones, amenazas, agresiones físicas y citaciones para impedir que opositores asistieran a una recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Entre los casos documentados figuran los de José Elías González Agüero y Alexander Díaz Rodríguez, quienes denunciaron haber sido trasladados a una zona aislada, obligados a desnudarse, amenazados de muerte y sometidos a simulacros de ejecución.
Para Prisoners Defenders, la magnitud de estas operaciones confirma que el régimen busca elevar el costo de cualquier manifestación pacífica y sembrar el miedo entre la población ante una fecha de alto simbolismo para la oposición cubana.
