Mientras se acerca el vencimiento del plazo concedido al régimen por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para que informe sobre "las detenciones arbitrarias, la incomunicación y el posterior ocultamiento del paradero de diez personas en Contramaestre", tras una protesta en ese municipio santiaguero que incluyó el incendio de un museo político local, las autoridades represivas excarcelaron a tres de los presuntos implicados, cuya vinculación con los hechos no pudo ser probada, informó el grupo de asesoría legal Cubalex.
Los jóvenes excarcelados, que permanecían recluidos en el centro de operaciones de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, conocido como Versalles, estaban presuntamente acusados del delito de sabotaje. En el caso de Luis Alberto Leyva, de 20 años, y Yordi Daniel Gómez Aguilar, de 21, "Cubalex no ha podido confirmar si permanecen bajo alguna medida cautelar o si sus familiares han sido informados de la imputación de cargos o del número de expediente fiscal", indicó la organización.
Entretanto, también fue excarcelado Ángel Luis Leyva, de 18 años, "a quien resultó imposible vincular con los hechos debido a que esa misma noche se encontraba incorporado a su unidad del Servicio Militar Obligatorio", resaltó Cubalex.
Sin embargo, entre los detenidos tras la intensa protesta en Contramaestre permanecen encarcelados varios menores de edad, entre ellos Ander Maddiel, de 15 años; José Ángel Borrero Zorrilla, de 17; y José Jorge Menéndez Vázquez, también de 17. Además, según denunció Cubalex, "existen reportes de que podría haber al menos otro menor de 17 años detenido".
La organización detalló que las detenciones "se ejecutaron tras el incendio ocurrido la noche del 21 de junio de 2026 en la Casa Memorial Orlando Pantoja Tamayo, conocida como el Museo de Maffo. Mientras el inmueble ardía, ciudadanos se congregaron pacíficamente en las cercanías para exigir el restablecimiento de la corriente eléctrica y libertad, en medio de apagones extremos y una severa escasez de alimentos".
"La respuesta del régimen fue desplegar un amplio operativo de la Policía y la Seguridad del Estado en los barrios de La Cuba y Maffo, donde varias personas fueron arrestadas sin evidencias", subrayó.
Respecto al encarcelamiento de menores de edad, Cubalex señaló que "el sistema jurídico cubano fija la responsabilidad penal a los 16 años, lo que expone a los adolescentes a ser juzgados por tribunales ordinarios de adultos. Además, permite interrogatorios iniciales sin la presencia de padres ni abogados y utiliza la prisión preventiva como regla general, en lugar de aplicarla como último recurso. Estas prácticas de indefensión han sido explícitamente señaladas y condenadas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU".
Precisamente, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU manifestó la semana pasada su "profunda preocupación jurídica" por el contexto de desprotección e indefensión estructural de los detenidos. Además, destacó como agravante que entre ellos figuren al menos cuatro menores de edad. En ese sentido, consideró especialmente alarmante el caso de dos adolescentes de 15 años sometidos a prisión provisional por un presunto delito de "sabotaje", pese a que la legislación cubana los considera penalmente inimputables.
Asimismo, el organismo enfatizó que el ocultamiento deliberado de información sobre una privación de libertad, unido a la negativa de las autoridades a reconocer el arresto o revelar el lugar exacto de reclusión, constituye una "desaparición forzada de corta duración". La ONU concedió al régimen plazo hasta el 14 de julio para responder oficialmente sobre el caso.
