A pocos días del quinto aniversario de las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, "la represión política no solo persiste, sino que ha evolucionado hacia mecanismos más amplios, sistemáticos y sofisticados", denunció la ONG Prisoners Defenders al publicar este martes un informe en el que detalla la situación represiva durante el primer semestre del año en la Isla.
"La experiencia acumulada desde 2021 permite prever que una movilización ciudadana de gran alcance podría enfrentarse a una respuesta más inmediata, extensa y severa que la observada durante las protestas del 11J", sostuvo la organización. Asimismo, subrayó que "los patrones documentados durante 2026 evidencian una capacidad creciente para identificar manifestantes, procesar judicialmente a opositores y castigar a quienes difunden información o denuncias a través de las redes sociales".
Así, "un lustro después de la represión del 11J en Cuba, las autoridades han perfeccionado las herramientas de identificación, vigilancia y castigo de la disidencia", añadió. Según el informe, "la combinación de vigilancia digital, persecución de organizaciones independientes, utilización de figuras penales ambiguas y despliegues represivos coordinados permite responder con mayor rapidez y eficacia a cualquier expresión de protesta o crítica pública".
De acuerdo con Prisoners Defenders, durante el primer semestre de 2026 el régimen de La Habana encarceló a unas 175 personas por motivos políticos, entre ellas 79 relacionadas con protestas o manifestaciones pacíficas. La ONG también documentó 22 casos vinculados a la vigilancia digital y la persecución de la libertad de expresión en redes sociales, además de la detención o encarcelamiento de nueve menores de edad por razones políticas.
"El régimen ha pasado de una represión reactiva a una represión preventiva, basada en vigilancia digital, criminalización penal y operaciones territoriales", indicó la organización, que identificó a La Habana, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba como los principales focos represivos.
Según sus registros, desde 2021 el régimen ha encarcelado a "más de 1.960 personas" por motivos políticos, aunque no en todos los casos se trata de personas ya juzgadas o que puedan ser consideradas presos políticos.
No obstante, esa cifra da una idea de la magnitud del despliegue represivo del castrismo. Asimismo, refleja "que la represión desplegada en Cuba tras el 11J no constituyó una respuesta excepcional a una crisis concreta, sino la consolidación de una política sostenida destinada a impedir futuras movilizaciones ciudadanas", denunció Prisoners Defenders.
Mientras el hartazgo crece en las calles de Cuba y los cacerolazos se repiten a diario en numerosas localidades, "las detenciones vinculadas a las protestas muestran cómo la represión no se limita a dispersar las manifestaciones en el momento de los hechos, sino que se prolonga posteriormente mediante arrestos selectivos, amenazas, interrogatorios y castigos dirigidos contra personas identificadas como participantes o vinculadas al entorno de la protesta", enfatizó la organización.
Asimismo, señaló que "la respuesta estatal alcanza a mujeres, familiares, vecinos e incluso menores de edad, evidenciando una estrategia orientada a desarticular cualquier red de apoyo o solidaridad surgida en torno a las movilizaciones y a eliminar focos de protesta posteriores".
Además, "la vigilancia digital se ha convertido en una herramienta central de la represión política en Cuba. Publicar una opinión, grabar una actuación policial o difundir información crítica puede ser suficiente para desencadenar detenciones, procesos penales y restricciones a la libertad personal, generando un efecto intimidatorio que trasciende a las víctimas directas y busca desalentar el ejercicio de la libertad de expresión en toda la sociedad".
En este contexto, "la diversidad de figuras penales empleadas demuestra que el régimen adapta la respuesta judicial al tipo de actividad que pretende reprimir. Así, el sistema penal deja de actuar como un mecanismo de protección de derechos para convertirse en una herramienta de control político y social orientada a generar terror en la sociedad, desalentar la protesta, restringir la libertad de expresión y limitar cualquier forma de organización independiente o de participación ciudadana mínimamente crítica".
Teniendo en cuenta la evolución de los últimos cinco años y el momento de especial debilidad que atraviesa el régimen, cabe esperar que la represión se intensifique en los próximos días, con un aumento de las amenazas, el hostigamiento contra activistas y la militarización de las calles de la Isla, con el objetivo de impedir una repetición espontánea del histórico 11J.
