El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, a raíz de una solicitud del grupo de asesoría legal Cubalex, activó este martes diez acciones urgentes "en relación con las detenciones arbitrarias, la incomunicación y el posterior ocultamiento del paradero de diez personas en Contramaestre, Santiago de Cuba", detalló la organización de la sociedad civil cubana en un comunicado.
Tras reconocer que "el patrón de arrestos se caracterizó por la violencia y la falta de garantías procesales", el citado comité de la ONU dirigió una comunicación vinculante a la Misión Permanente del régimen cubano en Ginebra, exigiéndole la adopción inmediata de medidas para la búsqueda, localización y salvaguarda de los afectados. Además, otorgó un plazo hasta el 14 de julio de 2026 para responder oficialmente.
En su comunicación, el organismo multilateral indicó que las acciones urgentes buscan proteger a Luis Alberto Leyva Rosabal, Yordi Daniel Gómez Aguilar, Ángel Luis Leyva y Ander Maddiel del Toro Suárez, todos mayores de edad; a los adolescentes de 17 años José Ángel Borrero Zorrilla y José Jorge Menéndez Vázquez; así como a dos menores de 15 años, un ciudadano cuyo nombre permanece protegido y otro cuyos datos están incompletos, pero del que Cubalex presume que también es menor de edad.
El comité manifestó su "profunda preocupación jurídica" por el contexto de desprotección e indefensión estructural de los detenidos. Además, resaltó como agravante que entre ellos figuren al menos cuatro menores de edad. En ese sentido, consideró especialmente alarmante el caso de dos adolescentes de 15 años sometidos a prisión provisional por un presunto delito de "sabotaje", pese a que la legislación cubana los considera penalmente inimputables.
Asimismo, el organismo enfatizó que el ocultamiento deliberado de información sobre una privación de libertad, unido a la negativa de las autoridades a reconocer el arresto o revelar el lugar exacto de reclusión, constituye una "desaparición forzada de corta duración".
En consecuencia, emitió una serie de recomendaciones de obligatorio cumplimiento para el régimen de La Habana. Entre ellas, exigió "informar oficialmente y sin dilación el lugar exacto de reclusión de las diez personas, detallando el nombre y la dirección postal de la institución penitenciaria".
También reclamó que el régimen "especifique de manera formal los presuntos cargos penales imputados a cada uno y clarifique el número de expediente de instrucción policial asignado". Asimismo, instó a La Habana a "evaluar y revertir con urgencia la legalidad de la privación de libertad de los dos menores de 15 años, atendiendo rigurosamente a las normativas de exención de responsabilidad penal por motivos de edad".
De igual forma, exigió "garantizar el derecho inalienable de los diez detenidos a mantener comunicación telefónica efectiva y recibir visitas periódicas de sus familiares, representantes y equipos legales".
Después de que, el domingo 21 de junio, vecinos de Contramaestre incendiaran la Casa-Museo Orlando Pantoja Tamayo, institución presentada por el régimen como un referente histórico del castrismo en ese municipio, las autoridades desplegaron una intensa ola represiva en el territorio, que incluyó hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias.
Una semana después de los hechos, Cubalex denunció que "ante la falta de transparencia legal, los familiares y representantes acudieron a las unidades policiales locales de la PNR, donde las autoridades se negaron a suministrar actas oficiales de detención, limitándose a responder con evasivas de que los jóvenes 'estaban siendo investigados'".
"Informes extraoficiales apuntan a que los diez detenidos habrían sido trasladados en grupo al Centro de Operaciones e Instrucción Penal de Versalles, en la ciudad de Santiago de Cuba. No obstante, las autoridades del penal han rechazado confirmar formalmente su presencia, impidiendo además cualquier tipo de acceso o constatación de fe de vida por parte de sus familiares", agregó la organización.
El hecho que desencadenó la ola represiva incluyó, además del incendio, a decenas de personas congregadas frente al inmueble al grito de "¡Pongan la corriente!", así como consignas de "¡Libertad!" y "¡Contramaestre no quiere más comunismo!", en medio de los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el creciente descontento social.
Teniendo en cuenta que el verano apenas comienza y que las altas temperaturas se suman al creciente hartazgo de la población, mientras el régimen sigue siendo incapaz de garantizar condiciones mínimas de vida, los cacerolazos previsiblemente continuarán formando parte de la cotidianidad en la Isla, al tiempo que aumenta el riesgo de un nuevo estallido social como el del 11J.
