Las deplorables condiciones de las cárceles cubanas constituyen otro mecanismo de represión del régimen contra los reclusos, particularmente contra los presos políticos. A ello se suman la falta de médicos, medicamentos, alimentos, higiene y electricidad, así como el hostigamiento y las amenazas. En ese contexto, la ONG Amnistía Internacional denunció esta semana que el preso político Loreto Hernández García sufre "una recaída de salud asociada a problemas cardiovasculares y diabéticos".
A pocos días de cumplir cinco años de encarcelamiento, Hernández García "ha presentado desmayos, crisis de hipertensión y días en los que no puede levantarse de la cama debido a sus padecimientos", indicó la organización, citando información proporcionada por sus familiares.
Amnistía Internacional recordó que "las autoridades cubanas tienen la obligación de garantizarle atención médica urgente, adecuada y especializada". "También deben poner fin a su injusta privación de libertad", añadió.
Asimismo, reiteró su exigencia directa al gobernante Miguel Díaz-Canel de "liberar de inmediato y sin condiciones a Loreto Hernández García y a Donaida Pérez Paseiro, ambas personas presas de conciencia, así como a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos".
Deplorables condiciones en la prisión de "Kilo 8"
Como parte del mismo patrón de hostigamiento y desatención continuada que sufren miles de reclusos en Cuba, el preso político Danisbel Labrada Morales, miembro de la organización opositora Cuba Primero y recluido en la prisión de máxima seguridad "Kilo 8", en Camagüey, denunció "el ensañamiento de las autoridades penitenciarias contra los reclusos enfermos y con bajo peso", informó el grupo de asesoría legal Cubalex.
Labrada Morales explicó que, aunque le fue prescrita una dieta médica obligatoria debido a sus problemas de salud, las autoridades del penal le niegan ese derecho. Incluso, aseguró que el capitán Eudis Sánchez Matos, jefe de Logística del centro penitenciario, llegó a "romper la orden médica".
El preso político cuestionó además la complicidad de los médicos del penal, cuyas indicaciones carecen de validez frente a las decisiones discrecionales de la dirección de la prisión. En ese sentido, Cubalex subrayó que "la negación selectiva de atención médica y dietas a reclusos enfermos constituye una forma grave de trato cruel, inhumano y de tortura".
Mientras Labrada Morales alertó de que los recursos alimentarios son desviados hacia otros fines en lugar de garantizar la nutrición de los internos, Cubalex exigió al régimen lo que parece un imposible debido al elevado nivel de represión en las cárceles: "respeto inmediato a la dignidad de todos los prisioneros políticos".
En la misma línea, la madre del preso político Carlos Alain Abrahantes Valdés expresó su preocupación por el estado de salud de su hijo, recluido también en "Kilo 8" y trasladado en días recientes a una celda de castigo, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Según su testimonio, Abrahantes Valdés "se mantiene plantado, mientras presenta anemia severa, desnutrición y bajo peso, sin haber recibido tratamiento adecuado". Ante una situación que pone en peligro su vida, el OCDH exigió "garantías inmediatas para su vida e integridad física, el cese de la represión en su contra y su libertad inmediata e incondicional".
En un informe reciente, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas dio cuenta del colapso del sistema penitenciario al señalar que "las denuncias por malas condiciones de vida en prisión abarcaron prácticamente todos los ámbitos en que se desarrolla el día a día de las personas reclusas: comida insuficiente, mal elaborada y en mal estado, desnutrición, abastecimiento insuficiente de agua, infraestructuras deficientes, falta de colchones, plagas de roedores e insectos y brotes epidémicos".
En declaraciones a DIARIO DE CUBA, la directora del centro, Camila Rodríguez, enfatizó que "el sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política. No se trata de fallas aisladas, sino de una política estructural de castigo y silencio que requiere una respuesta internacional firme".
