El preso político cubano de 16 años Jonathan Muir Burgos se encuentra muy débil y no está recibiendo medicinas, denunció su padre, el pastor evangélico Elier Muir, tras visitarlo en la prisión de Canaleta. En esa cárcel para adultos espera juicio el menor por el supuesto delito de atentado que le imputó el régimen por participar en la protesta que estalló el 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila.
"Elier me escribió diciendo: 'Nuestro hijo no está bien, se siente muy débil y no lo están medicando'", declaró al medio estadounidense Martí Noticias el también pastor evangélico Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos.
"Al despedirse, Elier lo vio parado detrás de unas rejas, llorando y con una expresión muy triste. Me dijo: 'Hoy salí muy triste, me rompe el corazón'", añadió Lleonart desde Estados Unidos, donde se encuentra exiliado.
El líder religioso también llamó la atención sobre el hecho de que no existe ningún documento oficial que demuestre que el adolescente se encuentra encarcelado, mientras el régimen niega la existencia de presos políticos en Cuba.
"Es muy triste que no exista un solo documento que pruebe oficialmente que Jonathan está preso, mientras el régimen insiste internacionalmente en que en Cuba no hay presos políticos ni de conciencia", afirmó Lleonart.
Miguel Díaz-Canel negó que haya personas encarceladas por motivos políticos en Cuba, en una entrevista con el programa "Meet the Press", de NBC News, que transmitida el 12 de abril. Para entonces, Jonathan Muir Burgos llevaba casi un mes detenido.
El adolescente avileño fue arrestado el 16 de marzo, tres días después de participar en las protestas que estallaron durante un largo apagón en Morón. A inicios de abril, le fue impuesta la medida cautelar de prisión provisional —la más severa de las previstas en la Ley del Proceso Penal de Cuba— y fue trasladado a la prisión de Canaleta. El régimen le imputó el supuesto delito de sabotaje, por el que podría siete años en prisión, como mínimo.
Su encarcelamiento impidió que iniciara un tratamiento para la deshidrosis que padece y que puso en peligro su vida en 2021.
A finales de abril, la Seguridad del Estado difundió imágenes de Jonathan Muir, tomadas sin el consentimiento de la familia, para exhibirlo en un aparente estado de bienestar y contrarrestar las denuncias sobre su deterioro físico y mental en la cárcel.
Días antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares al preso político cubano de 16 años, por considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en la Isla.
A inicios del propio mes, la periodista Lucía Alfonso Mirabal señaló en un artículo publicado en DIARIO DE CUBA que la detención de Muir Burgos coloca nuevamente bajo escrutinio "el uso del sistema penal en Cuba como herramienta de control social. Los hechos apuntan a una práctica que trasciende el caso individual: la instrumentalización de la justicia para castigar el ejercicio de derechos fundamentales, incluso cuando quien los ejerce es un menor de edad".
Sobre la acusación de sabotaje —una de las figuras más graves del Código Penal cubano, con penas que pueden oscilar entre siete y 15 años de prisión en su forma básica— advirtió: "Esta calificación supone un salto cualitativo en la respuesta estatal, al ubicar hechos vinculados a la protesta social en el ámbito de los delitos contra la seguridad del Estado".
La periodista también destacó la incompatibilidad del caso de Jonathan Muir Burgos con el ordenamiento legal de Cuba, donde la legislación penal vigente establece condiciones restrictivas para exigir responsabilidad penal a menores de entre 16 y 18 años. "El Artículo 18 del Código Penal no deja margen a interpretaciones arbitrarias: solo procede dicha responsabilidad cuando concurren supuestos agravados claramente definidos", recordó Mirabal Alfonso.
El régimen prohíbe al preso del 11J Yosvany Rosell García Caso hablar de política
El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso continúa incomunicado. Su único medio de comunicación con el exterior es una breve llamada telefónica, durante la cual las autoridades carcelarias le han prohibido hablar de política, denunció su esposa Mailín Rodríguez Sánchez.
García Caso, condenado a 15 años de privación de libertad por participar en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba los días 11 y 12 de julio de 2021, "sigue recibiendo represalias y amenazas de la jefatura de cárceles y prisiones, donde no puede hablar de política en su llamada telefónica, siendo un preso político, algo irracional", escribió Rodríguez Sánchez en Facebook el martes, tras hablar por teléfono con su esposo.
La activista reiteró que el manifestante del 11J "se encuentra en total aislamiento sin medio de comunicación y en espera de solo una llamada de poco tiempo para informarse de lo que acontece".
Recalcó que la llamada "es su derecho", por lo que hizo responsables "al Gobierno cubano, a (el personal de) cárceles y prisiones, al G2 (Seguridad del Estado) por querer callar la voz, por su integridad y su vida".
También aclaró que ni ella ni su familia guardarán silencio ante las violaciones de sus derechos constitucionales.
A inicios de mayo, Rodríguez Sánchez había denunciado el aislamiento y la incomunicación a los que se encuentra sometido García Caso, una vez más.
En marzo, la esposa de García Caso, devenida activista, había manifestado a DIARIO DE CUBA que las autoridades del penal intentaban abrir una nueva causa contra el prisionero político.
"Lo provocan y le hacen violentos para abrirle otra causa", dijo Rodríguez Sánchez a esta redacción el mes pasado.
Durante una llamada telefónica con su familia, un guardia le había colgado el teléfono de forma violenta luego de que García Caso preguntara por las excarcelaciones que había ejecutado el régimen cubano una semana antes.
Rodríguez Sánchez expresó: "Temo que después de eso lo hayan golpeado o le haya sucedido cualquier cosa violenta en la prisión. Estoy desesperada".
En enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a García Caso, "tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Cuba".
A finales de 2025, el preso del 11J mantuvo una huelga de hambre de 40 días, que le dejó secuelas y agravó sus problemas de salud.
Fue devuelto a la prisión provincial de Holguín, Cuba Sí, apenas dos días después de haber sido trasladado de terapia intermedia a la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín y solo diez después de abandonar la huelga de hambre.
¡Qué cosa tan horrible la de ese muchacho en prisión! ¿Es que están por incluirlo en un paquete de presos en una negociación?