El régimen cubano mantiene incomunicado al preso político Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en decenas de ciudades y comunidades de la Isla los días 11 y 12 de julio de 2021, denunció su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, al medio estadounidense Martí Noticias.
"Se encuentra un poco estable de salud, gracias a Dios, pero según las circunstancias en la que se encuentra, no puede estar bien", afirmó Rodríguez Sánchez, quien pudo visitar a su esposo el 30 de abril.
"Se encuentra aislado, incomunicado, no tiene ni televisor, ni un radio tan siquiera, y el radio que yo le hice llegar no se lo autorizaron, no se lo quieren dejar entrar", denunció.
En marzo, la esposa de García Caso, devenida activista, había manifestado a DIARIO DE CUBA que las autoridades del penal intentaban abrir una nueva causa contra el prisionero político.
"Lo provocan y le hacen violentos para abrirle otra causa", dijo Rodríguez Sánchez a esta redacción el mes pasado.
Durante una llamada telefónica con su familia, un guardia le había colgado el teléfono de forma violenta luego de que García Caso preguntara por las excarcelaciones que había ejecutado el régimen una semana antes.
Rodríguez Sánchez expresó: "Temo que después de eso lo hayan golpeado o le haya sucedido cualquier cosa violenta en la prisión. Estoy desesperada".
En enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a García Caso, "tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Cuba".
A finales de 2025, el preso del 11J mantuvo una huelga de hambre de 40 días, que le dejó secuelas y agravó sus problemas de salud.
Fue devuelto a la prisión provincial de Holguín, Cuba Sí, apenas dos días después de haber sido trasladado de terapia intermedia a la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín y solo diez después de abandonar la huelga de hambre.
El preso político fue ingresado en la sala de penados del hospital provincial el 19 de noviembre, cuando llevaba 29 días en huelga de hambre. Cuatro días después, su deterioro obligó a trasladarlo a la unidad de terapia intermedia. En el día 40 de la protesta, un equipo médico presionó a la familia para que firmara un consentimiento que permitiera administrarle sueros y realizarle pruebas en contra de su voluntad.
DIARIO DE CUBA pudo identificar de manera independiente a dos de los médicos que participaron en esas presiones: Luis Mario Carrasco Feria, cirujano y director del hospital, y Marcos Daniel Ramos Serrano, anestesiólogo y subdirector de la institución. Ambos vulneraron principios médicos internacionales al intentar forzar el levantamiento de la huelga mediante la coacción a los familiares.
