La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado un paso más frente a la represión contra menores en Cuba al exigir formalmente al régimen explicaciones urgentes sobre la situación de Jonathan Muir Burgos. El adolescente, de apenas 16 años, permanece detenido tras las protestas antigubernamentales ocurridas en Morón, Ciego de Ávila.
El organismo internacional envió un requerimiento oficial dirigido al ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, otorgando un plazo perentorio de solo cinco días para recibir una respuesta detallada sobre el caso, informó Martí Noticias.
Esta acción de la CIDH responde a una solicitud de medidas cautelares presentada por el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (Defensa TV/CD). Según explicó al medio estadounidense Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de dicha organización, este requerimiento implica que el caso de Muir Burgos "dejó de ser una denuncia aislada y pasó a estar bajo observación internacional formal".
Tres ejes de exigencia
En el documento remitido a La Habana, la Comisión demanda detalles sobre el estado de salud, la seguridad y la postura del Gobierno.
Así, la CIDH exige un reporte detallado sobre las condiciones físicas del menor y la atención médica que recibe en prisión; una evaluación sobre si las autoridades han analizado los riesgos que corre el adolescente y qué medidas han tomado para protegerlo y las observaciones del Estado ante la petición de protección internacional.
"El régimen ahora tiene que responder en un plazo muy corto. ¿Qué está pasando con un menor de edad que está preso, incomunicado y en riesgo?", cuestionó Vargas, quien alertó además sobre la presión psicológica y las condiciones de "máxima seguridad" a las que está siendo sometido el joven.
El adolescente cubano fue imputado del supuesto delito de sabotaje, por el que podría pasar al menos siete años en prisión. Las autoridades ordenaron su trasladado a la cárcel de Canaleta, penal que fue escenario en febrero de un motín, reprimido con violencia por las fuerzas del régimen.
En un análisis reciente para DIARIO DE CUBA, la periodista Lucía Alfonso Mirabal denunció que el caso de Muir Burgos evidencia el uso del sistema penal como "herramienta de control social". Según la reportera, la acusación de "sabotaje" —delito que conlleva penas de hasta 15 años— representa un salto cualitativo en la represión, al criminalizar la protesta social como un atentado contra la Seguridad del Estado.
Alfonso Mirabal subrayó además que la detención viola el propio Código Penal vigente, cuyo Artículo 18 restringe la responsabilidad penal para menores de 18 años a supuestos agravados que no se cumplen en este caso. "La imputación apunta a una extensión artificiosa del tipo penal con fines de ejemplaridad", señaló.
Mientras el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila rechazó un recurso de habeas corpus a favor del joven, su padre, el pastor Elier Muir Ávila, alertó sobre el deterioro psicológico de su hijo y la falta de atención médica para la deshidrosis crónica que padece. La interrupción del tratamiento pone en riesgo la vida del menor, quien ya ha sufrido complicaciones graves por infecciones bacterianas en el pasado.
Y mientras este abuso contra ese jovencito sigue, la prensa internacional destaca los reclusos que fueron liberados como "gesto ante el bloqueo energético de Trump". Pero ninguno es un preso político.