El régimen cubano imputó al adolescente de 16 años Jonathan Muir Burgos del supuesto delito de sabotaje, por el que podría pasar al menos siete años en prisión, por participar en las protestas que estallaron el pasado 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila, durante un largo apagón.
La información fue proporcionada al medio estadounidense Martí Noticias por una fuente con conocimiento del caso.
El Código Penal vigente en Cuba establece penas de entre siete y 15 años de privación de libertad para el delito de sabotaje, en su marco sancionador básico, cuando no concurren circunstancias agravantes.
Cuando el delito implica, por ejemplo, riesgo para vidas humanas, la sanción puede ser de diez a 30 años de cárcel, cadena perpetua e incluso pena de muerte.
Mientras transciende la imputación contra Muir Burgos, una petición para que sea puesto en libertad acumulaba 2017 firmas en la plataforma Change.org hasta el momento de redactar esta nota.
El adolescente cubano, que fue arrestado tres días después de la manifestación y permanece encarcelado desde entonces, será imputado de otro delito por la Fiscalía Militar, según la instructora policial del caso a la familia. Ello hace temer que el menor sea juzgado por un tribunal militar.
No obstante, el abogado Raudiel Peña, miembro del grupo de asesoría jurídica Cubalex, consideró poco probable que el menor se enfrente a un tribunal castrense y que más bien el régimen está intentando atemorizar a la familia.
"Yo no especularía con eso porque puede ser solamente intimidación contra la familia para amenazarlos de alguna forma", dijo el jurista al medio estadounidense.
"Creo que lo mejor es esperar a ver cuál es la acusación formal. Yo creo que lo más lógico es que lo acuse la fiscalía civil y lo juzgue un tribunal de la jurisdicción civil", añadió.
El pasado 25 de marzo, el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila rechazó la tramitación de un recurso de habeas corpus presentado en favor Jonathan Muir Burgos.
Su padre, el pastor Elier Muir Ávila, conocido por sus denuncias públicas contra el régimen cubano, dijo al medio independiente El Toque que el menor "se nota muy nervioso y con miedo".
También denunció que las autoridades no le habían suministrado el tratamiento que necesita para la deshidrosis en la piel que padece. Debido a esta enfermedad, se le ha alojado un estreptococo beta hemolítico y un estafilococo, que lo han llevado, en el pasado, a un estado grave de salud, con peligro para su vida.
Su estancia en una prisión del régimen cubano, plagada de las deplorables condiciones denunciadas con frecuencia, solo exacerba su enfermedad y lo hace aún más vulnerable, toda vez que "el especialista que lo atiende está preocupado debido a que esta afección puede provocar una fiebre reumática al niño", denunció recientemente la activista Yoaxis Marcheco Suárez.
"Yo veo esto como un vulgar secuestro. Johathan es un rehén", afirmó a DIARIO DE CUBA el director del Instituto Patmos, Mario Félix Lleonart. En tanto, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez exigió en un video su liberación.
El caso de Muir Burgos se enmarca en una ola represiva desatada tras la protesta del viernes 13 de marzo, que desembocó en ataques con piedras a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC) y otros establecimientos en Morón y fue provocada por los apagones prolongados, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida en el país.
Lo que comenzó siendo una manifestación pacífica se tornó violenta después que los agentes policiales presuntamente dispararan e hirieran a algunos de ellos y usaran perros para reprimirlos.
"Entre el 13 y el 16 de marzo de 2026 se documentaron al menos 35 acciones represivas, dirigidas contra manifestantes, periodistas, activistas, familiares de presos políticos y opositores", indicó recientemente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Esto es lo que no dice CNN, ahora muy "preocupada" por Cuba.