Como parte de la espiral represiva y la paranoia del régimen cubano, así como de la vigilancia y control del entorno digital, la Fiscalía Provincial de Villa Clara pidió seis años de prisión para Lázaro Manuel Hernández Reyes, de 33 años, por los supuestos delitos de "propaganda contra el orden constitucional" y "desacato", por publicar en Facebook varios mensajes antigubernamentales, reportó la agencia EFE, que tuvo acceso al documento.
Según el texto fiscal, el acusado, residente en Ranchuelo, creó un perfil falso en dicha red social y publicó mensajes para incitar a sus vecinos a que, "mediante actos de violencia, tomaran las vías públicas para poner fin al sistema político" impuesto por La Habana.
Hernández Reyes fue acusado de pretender, con estas acciones, protestar ante el Gobierno municipal por los largos apagones. Asimismo, el documento expuso que el acusado publicó en Facebook una imagen editada de Miguel Díaz-Canel siendo colgado, y la acompañó con un mensaje: "La solución".
De igual forma, el acusado, en prisión provisional desde septiembre de 2025, habría publicado otros mensajes en los que llamaba a concentrarse frente a la sede del Partido Comunista de la localidad, "para pedir nuestros derechos como pueblo".
Esta petición fiscal está en consonancia con lo denunciado por la ONG Prisoners Defenders en su Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba, publicado esta semana. "La vigilancia digital en Cuba no constituye un conjunto de prácticas aisladas o excepcionales, sino un sistema estructural, intencional y sostenido de control estatal, orientado a restringir el ejercicio de derechos fundamentales y a neutralizar el disenso político y social", subrayó.
El análisis, hecho a partir de 200 declaraciones recogidas entre el 28 de noviembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, da cuenta de "un aparato de control y coerción digital centralizado".
Así, "el 98,50% ha sido sancionado (penalmente, administrativamente o de facto), citado o amenazado, o bien él mismo o su familia, en relación con sus publicaciones y/o comunicaciones telefónicas o digitales", dijo la organización.
A raíz del estudio, la organización identificó "un modelo integral de vigilancia y represión, caracterizado por la convergencia de mecanismos tecnológicos de monitoreo y control del entorno digital", así como por "un marco normativo ambiguo y punitivo, ausencia de garantías judiciales efectivas y un uso instrumental del derecho administrativo y penal".
De igual forma, es apreciable "una articulación directa entre vigilancia digital y represión física", como parte de un sistema que "opera de forma acumulativa, generando un efecto inhibidor estructural sobre la libertad de expresión, la participación política y el acceso a la información, tanto dentro como fuera del territorio cubano", resaltó.
En un contexto notablemente adverso para la continuidad del régimen, La Habana se apresura a reforzar el trabajo ideológico y de inteligencia interna, amparado en un sistema judicial concebido no como un contrapunto del poder, sino como un sostén del mismo.
"El año recién finalizado ha sido uno de los peores, desde todo punto de vista, para los cubanos, en medio de una represión generalizada que penaliza desde publicaciones en redes sociales hasta cualquier protesta pacífica en el espacio público", afirmó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en un informe reciente, y enfatizó: "Estamos ante un Estado que administra la represión, pero no busca soluciones para los graves problemas de la gente".
