Los jueces y fiscales del proceso judicial que terminó con condenas de hasta ocho años de cárcel para seis manifestantes pacíficos que exigieron corriente en Encrucijada, Villa Clara, el 7 de noviembre de 2024, fueron incluidos en la lista Represores Cubanos.
Los condenados, entre los que se incluye el escritor y periodista independiente cubano José Gabriel Barrenechea Chávez, fueron sentenciados por el supuesto delito de desórdenes públicos.
Los fiscales que ingresaron a la base de datos que elabora el proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) fueron Yosmel Guevara Herrera (actuante en la causa) y Ayrebi Miranda Pérez, quienes solicitaron penas de nueve años de privación de libertad para los acusados Yandri Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera; seis para Barrenechea Chávez; cinco para Rodel Bärbaro Rodríguez Espinosa; cuatro para Yuniesky Lorences Domínguez, y cinco de limitación de libertad para Marcos Daniel Díaz Rodríguez.
Sin embargo, lo único que pudieron alegar los fiscales en las conclusiones provisionales del caso, citadas por el proyecto de la FDHC, fue que los imputados llevaron y tocaron calderos y gritaron "queremos corriente".
Los jueces que impusieron las condenas fueron Aimee Caraballé Corrales (ponente), María Teresa Domínguez Rodríguez y Justo Gustavo Faife Hernández.
Los magistrados señalaron en la sentencia que los imputados decidieron "aglomerarse frente a las sedes del Gobierno y el Partido (Comunista), donde una vez allí incitaron a otras personas a que se sumaran a la protesta y obstaculizaban la vía pública".
Pero, como señala el proyecto Represores Cubanos, esos son precisamente los lugares a los que el pueblo debe llevar sus reclamos, según el régimen. Por otra parte, los videos de la manifestación difundidos en las redes sociales muestran a los manifestantes exigiendo el restablecimiento de la corriente de manera pacífica.
La información proporcionada por el proyecto de la Fundación sobre los tres jueces muestra que Justo Gustavo Faife Hernández tiene un historial de servicio a la represión judicial del régimen cubano, que lo hacía digno de ingresar a la base de datos al menos desde 2021.
En ese año, fue el juez ponente de los tres que dictaron sentencia contra el opositor Javier Delgado Torna, por participar en las protestas antigubernamentales que estallaron en decenas de ciudades y comunidades de Cuba en julio de hace cinco años.
En agosto de 2023, junto a los magistrados Gilberto Andrade Quintana y Lisandra Isabel Molina Trinidad, le negó a Delgado Torna el otorgamiento de licencia extrapenal por razones de salud, a pesar de sus múltiples padecimientos.
Molina Trinidad, quien también figura en la lista de Represores Cubanos, fue promovida por el régimen dos veces, en menos de año. En mayo de 2025, fue nombrada presidenta en funciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial. Antes, había sido ascendida a vicepresidenta.
Las sanciones contra los manifestantes de Encrucijada se dieron a conocer el pasado 15 de enero, casi cuatro meses después de la celebración del juicio. Torres Quintana recibió la más alta, de ocho años de cárcel.
Camacho Herrera fue castigado con siete años de privación de libertad; Barrenechea Chávez, con seis, y Rodríguez Espinosa, con cinco.
Lorences Domínguez recibió una sanción de tres años de trabajo correccional sin internamiento y Díaz Rodríguez fue sancionado con cinco años de limitación de libertad. Excepto él, todos los acusados fueron asegurados con la medida cautelar de prisión provisional, la más severa prevista en la Ley del Proceso Penal.
No pocos de estos esbirros son los que piden recargas o reciben remesas de sus parientes apoliticos con Sindrome de Estocolmo, esos que gritan que la familia es lo primero (aunque algun miembro sea un asesino o torturador) y despues les pagan el coyote para que escapen o les ponen una visa de reunificacion.
Fenomenal, muy bien.