Mes tras mes, la represión se consolida como el estado vital del régimen cubano, que acude a nuevas y viejas tácticas para desplegar sus violaciones de los derechos humanos, recurrentes contra activistas, opositores y periodistas independientes, pero también contra ciudadanos sin vinculación política, que solo protestaban frente al resquebrajamiento integral de la Isla. En tal sentido, el grupo de asesoría legal Cubalex registró en noviembre 165 eventos represivos en todas las provincias del país.
Así, "estos eventos incluyeron 343 incidentes de hostigamiento, distribuidos en 42 categorías de represión. Al menos 138 personas fueron víctimas de algún tipo de violación de derechos humanos durante el periodo", señaló el informe, que destacó que "detrás de cada cifra de represión hay personas y familias marcadas por la incertidumbre y el abandono institucional. Lo que revelan estos datos no es una excepción: es una realidad que se repite y se normaliza".
Cubalex resaltó que "las provincias donde se documentaron mayor cantidad de violaciones fueron La Habana (46), Santiago de Cuba (21) y Matanzas (18). Entre los municipios fueron Santiago de Cuba (16), Holguín (14) y Guanabacoa (13), donde se contabilizaron más hechos represivos".
"Los presos políticos Yosvany Rosell García Caso, José Antonio Pompa López y Eider Frómeta Allen; la periodista Camila Acosta Rodríguez y el opositor Mario Alberto Hernández Leyva fueron las personas contra quienes se registraron mayor número de violaciones en el periodo. Las organizaciones que mayor represión sufrieron fueron el Movimiento Opositores por una Nueva República (MNOR), Cuba Decide, Movimiento Democracia y la UNPACU, aunque la mayoría de las víctimas no se encuentran asociadas a ninguna organización o grupo de la sociedad civil", agregó.
Asimismo, el grupo de juristas precisó que "las categorías de vulnerabilidad más recurrentes en las víctimas fueron las personas privadas de libertad, defensores de derechos humanos y afrodescendientes".
De igual forma, "se registraron protestas espontáneas motivadas por los apagones, la escasez de agua, el colapso sanitario y el abandono estatal. Estas expresiones de inconformidad social fueron respondidas con mecanismos de control y castigo que confirman la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales", subrayó la organización.
Más allá de la creciente represión en las calles, "los reportes provenientes de distintas prisiones del país evidenciaron un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos, marcado por castigos prolongados en celdas de aislamiento, restricciones arbitrarias a la comunicación, negación deliberada de atención médica y amenazas e intimidación por parte de carceleros, oficiales de la Seguridad del Estado y presos comunes al servicio de estos", resaltó.
"También son frecuentes los episodios de maltrato físico, condiciones insalubres, falta de medicamentos y represalias contra quienes denuncian abusos o intentan documentar su situación", indicó el informe, y sostuvo que "durante el mes, al menos 20 personas privadas de libertad, entre prisioneros políticos y comunes, realizaron huelgas de hambre como forma de protesta ante las violaciones que sufren en los penales".
Esta crisis de derechos humanos en Cuba sucede en medio del deterioro acelerado de las condiciones de vida y el abandono institucional. "El impacto del huracán Melissa, la crisis sanitaria por arbovirosis y las violaciones sistemáticas en las prisiones confluyeron en un escenario de especial vulnerabilidad para amplios sectores de la población", denunció Cubalex.
"Un mes después del paso del huracán Melissa, numerosas comunidades continuaban sin acceso a servicios básicos. Se documentaron derrumbes de viviendas, daños en infraestructuras y afectaciones prolongadas en el suministro de agua y electricidad, así como denuncias de irregularidades en la gestión de la ayuda humanitaria. La respuesta estatal fue insuficiente y opaca, lo que profundizó las desigualdades y la precariedad existentes", agregó.
Así, Cubalex recalcó que "la represión impacta la vida cotidiana en Cuba" y que "estas violaciones no son hechos aislados, sino prácticas sistemáticas que requieren ser visibilizadas, denunciadas y sometidas a rendición de cuentas".
