El manifestante del 11J y ex preso político cubano Samuel Pupo Martínez fue forzado al exilio para evitar un nuevo encarcelamiento. En tal sentido, abandonó la Isla recientemente y se encuentra ahora en Costa Rica, luego de pasar por Nicaragua, informó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
Su caso, el de un exilio forzado tras meses de acoso por parte de la Seguridad del Estado, "vuelve a exponer cómo en Cuba la libertad de expresión no solo se castiga con cárcel, sino también con un hostigamiento prolongado que termina expulsando a las personas del país", indicó el ICLEP, que recordó que Pupo Martínez había cumplido íntegramente su condena.
"Su delito nunca fue otro que expresar públicamente sus ideas. El 11 de julio, Pupo se subió a un carro volcado y gritó consignas como '¡Abajo el comunismo!' y '¡Patria y Vida!'. Ese acto simbólico de libre expresión fue suficiente para que un tribunal lo acusara de 'desórdenes públicos' y 'desacato', condenándolo a tres años de prisión, incluso cuando no tenía antecedentes penales y padecía serios problemas de salud", detalló.
Tras ser excarcelado, "la Seguridad del Estado lo sometió a vigilancia permanente, citaciones intimidatorias y amenazas directas para obligarlo a callar", sostuvo el ICLEP, y añadió: "La represión se convirtió en una forma de control cotidiano que hacía inviable su vida en Cárdenas".
La libertad de Pupo Martínez "era solo en papeles", indicó el propio activista, quien recalcó que la presión aumentó tanto que no tuvo más alternativa que salir del país.
En agosto, por ejemplo, fue citado y amenazado por la Seguridad del Estado con otro proceso penal por supuesta "propaganda contra el orden constitucional". "Me hicieron una carta de advertencia porque supuestamente ellos dicen que yo soy proclive a cometer un delito de propaganda contra el orden constitucional. En la misma carta de advertencia escribí que no estaba de acuerdo con lo que se me estaba tratando de imputar", señaló.
Pupo Martínez dijo en un post en Facebook que sus interrogadores le exigieron que dejara las redes sociales a un lado y que no hiciera más publicaciones en contra del Gobierno y del sistema imperante en Cuba.
"Su experiencia refleja un patrón que se repite: primero la cárcel por expresarse libremente; luego el acoso para silenciar; y, finalmente, el exilio forzado como castigo continuo. La represión en Cuba no termina en la prisión: se prolonga en las calles, en los hogares, en la vida cotidiana, hasta romper todo proyecto personal", enfatizó la mencionada organización.
Asimismo, resaltó que su familia "también sufrió la violencia estatal", toda vez que su esposa "fue amenazada con cárcel y con la pérdida de la custodia de su hijo simplemente por exigir el derecho de su esposo a una libertad condicional que legalmente le correspondía", agregó.
Así, "el caso de Samuel Pupo recuerda que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, y que en Cuba continúa siendo perseguido de manera sistemática", concluyó el ICLEP.
