En medio de condiciones inhumanas y hechos constantes de represión, las cárceles del régimen cubano son entornos cada vez más hostiles. En tal sentido, y para denunciar el estado calamitoso en el que se encuentra, el preso político cubano Daniel Alfaro Frías se declaró este fin de semana en huelga de hambre y sed, informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en su perfil de Facebook.
Condenado a nueve años de prisión por ejercer derechos fundamentales y recluido en la cárcel de Guanajay, Artemisa, Alfaro Frías protesta por "las constantes violaciones de sus derechos humanos y la falta de garantías mínimas dentro de la prisión", detalló el OCDH, que denunció "los abusos sistemáticos contra los presos políticos en Cuba".
Por otra parte, el grupo de asesoría legal Cubalex denunció que el preso político Yosvany Rosell García Caso cumple 12 días en huelga de hambre en la prisión Cuba Sí, en Holguín.
Según denunció su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, en un video publicado en Facebook, García Caso fue agredido dentro del penal por un represor identificado como "Yuniesky" mientras realizaba su protesta pacífica.
García Caso, quien cumple una condena injusta de 15 años de prisión por manifestarse de forma pacífica durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín, se encuentra en huelga desde el 23 de octubre, en solidaridad con todos los presos políticos y exigiendo su liberación.
"A la difícil situación de supervivencia que enfrentan las familias en el oriente del país tras el paso del huracán Melissa, se suma la incertidumbre sobre su estado de salud, en un contexto de represión y abandono institucional", enfatizó Cubalex.
En una publicación anterior al respecto, Cubalex enfatizó que "las huelgas de hambre prolongadas, agravadas por la insalubridad, la falta de atención médica, la alimentación deficiente y los tratos crueles, pueden tener efectos devastadores e irreversibles en la salud física y psicológica de las personas privadas de libertad".
Resaltó, asimismo, que "protestar es la única vía que encuentran para exigir respeto a sus derechos fundamentales frente al abandono, la desprotección y los abusos de las autoridades penitenciarias".
En un informe reciente, la organización destacó que "la situación dentro de las cárceles es mucho peor que la que sufren a diario el resto de los cubanos".
Lamentablemente, la situación de Alfaro Frías y García Caso no es aislada, toda vez que forma parte de un patrón represivo ejecutado por las autoridades penitenciarias del régimen en contubernio con la Seguridad del Estado. Así, un reciente informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) indicó que, entre marzo de 2024 y marzo de 2025, registró 1.858 eventos relacionados con personas privadas de libertad en Cuba.
De estos, 1.330 constituyeron violaciones a los derechos humanos, "lo que evidencia un patrón de violencia institucional y un deterioro crítico de las condiciones penitenciarias", alegó.
El segundo informe anual "Lo que cuentan los números" documentó, además, 60 muertes bajo custodia estatal, incluyendo 47 fallecimientos relacionados con la salud física y mental de las víctimas, así como por falta de atención oportuna, y siete por violencia física directa.
El informe hizo hincapié en el uso persistente del aislamiento prolongado, traslados punitivos y trabajo forzoso sin remuneración o bajo amenazas. También documenta métodos de tortura como "la cama turca", "la bicicleta" y el uso de "shakiras", grilletes que inmovilizan por completo a las personas.
"Las condiciones materiales alcanzan niveles de infrahumanidad: desnutrición masiva, agua contaminada, hacinamiento extremo y ausencia de atención médica o medicamentos básicos", resaltó.
En tal sentido, la directora del CDPC, Camila Rodríguez, enfatizó que "el sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política. No se trata de fallas aisladas, sino de una política estructural de castigo y silencio que requiere una respuesta internacional firme".
