El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso lleva más de una semana en huelga de hambre en la prisión "Cuba Sí", en Holguín, informó el grupo de asesoría legal Cubalex, que sostuvo que "se declaró en huelga el 23 de octubre como forma de protesta y solidaridad con todos los presos políticos cubanos".
"Lo que haces solo por ti se desvanece cuando mueres. Lo que hacemos por los demás es nuestro legado divino", escribió en una carta publicada por su esposa, Mailín Sánchez, en Facebook.
García Caso cumple una condena injusta de 15 años de prisión por manifestarse de forma pacífica durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín. "Durante su encarcelamiento ha realizado varias huelgas de hambre como forma de protesta ante los abusos sistemáticos que enfrenta en prisión, incluyendo incomunicación, maltratos y negación de atención médica, pese a padecer hipertensión crónica y una afección cardíaca", denunció Cubalex.
"Aunque su cuerpo se encuentra debilitado tras más de cuatro años de encierro en las duras condiciones del presidio político, su decisión representa un acto extremo de resistencia frente a un régimen que le ha negado la justicia y la libertad", destacó en su perfil de Facebook la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
En una publicación anterior al respecto, Cubalex enfatizó que "las huelgas de hambre prolongadas, agravadas por la insalubridad, la falta de atención médica, la alimentación deficiente y los tratos crueles, pueden tener efectos devastadores e irreversibles en la salud física y psicológica de las personas privadas de libertad".
Resaltó, asimismo, que "protestar es la única vía que encuentran para exigir respeto a sus derechos fundamentales frente al abandono, la desprotección y los abusos de las autoridades penitenciarias".
En un informe reciente, la organización destacó que "la situación dentro de las cárceles es mucho peor que la que sufren a diario el resto de los cubanos".
Lamentablemente, la situación de García Caso no es aislada, toda vez que forma parte de un patrón represivo ejecutado por las autoridades penitenciarias del régimen en contubernio con la Seguridad del Estado. Así, un reciente informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) indicó que, entre marzo de 2024 y marzo de 2025, registró 1.858 eventos relacionados con personas privadas de libertad en Cuba.
De estos, 1.330 constituyeron violaciones a los derechos humanos, "lo que evidencia un patrón de violencia institucional y un deterioro crítico de las condiciones penitenciarias", alegó.
El segundo informe anual "Lo que cuentan los números" documentó, además, 60 muertes bajo custodia estatal, incluyendo 47 fallecimientos relacionados con la salud física y mental de las víctimas, así como por falta de atención oportuna, y siete por violencia física directa.
El informe hizo hincapié en el uso persistente del aislamiento prolongado, traslados punitivos y trabajo forzoso sin remuneración o bajo amenazas. También documenta métodos de tortura como "la cama turca", "la bicicleta" y el uso de "shakiras", grilletes que inmovilizan por completo a las personas.
"Las condiciones materiales alcanzan niveles de infrahumanidad: desnutrición masiva, agua contaminada, hacinamiento extremo y ausencia de atención médica o medicamentos básicos", resaltó.
En tal sentido, la directora del CDPC, Camila Rodríguez, enfatizó que "el sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política. No se trata de fallas aisladas, sino de una política estructural de castigo y silencio que requiere una respuesta internacional firme".
