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Represión

Entre el hostigamiento y 'un cuadro médico alarmante': la dura vida de un opositor cubano con VIH

'Tanto él como su familia desconfían del sistema de salud, debido a experiencias previas de falta de atención adecuada'.

Pinar del Río
El activista y ex preso político cubano Michael Hernández Medina.
El activista y ex preso político cubano Michael Hernández Medina. Alexeys Blanco Díaz/Facebook

El ex prisionero político y activista Michael Hernández Medina "presenta un cuadro médico alarmante que incluye sangrado por la boca y niveles bajos de hemoglobina, con sospecha de una lesión pulmonar. Este cuadro se agrava por ser paciente de VIH, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves", informó el grupo de asesoría legal Cubalex.

Hernández Medina "ha estado sometido a un sistema de hostigamiento sistemático por su activismo", indicó Cubalex, y detalló que, en los primeros días de octubre, "fue citado en Pinar del Río y trasladado mediante engaños al Centro de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado, conocido como 'El Técnico'".

"Su madre permaneció más de cuatro horas sin información, mientras él era interrogado en condiciones de frío extremo, recibiendo amenazas y hostigamiento por una publicación en redes sociales", añadió la organización, y detalló que "fue liberado bajo advertencias: lo vigilan, tiene un expediente por 'contrarrevolucionario' y se le prohibió seguir publicando bajo amenaza de prisión".

"Estas acciones constituyen una violación de la libertad de expresión y un delito de tortura, sancionado en el Artículo 368 del Código Penal cubano", señaló el grupo de asesoría jurídica, en referencia a las amenazas que recibió el opositor, así como a las condiciones en las que fue sometido a interrogatorio.

"Tanto él como su familia desconfían del sistema de salud, debido a experiencias previas de falta de atención médica adecuada, incluso durante ingresos hospitalarios", enfatizó Cubalex, al tiempo que alertó sobre "la necesidad de garantizar atención médica especializada y adecuada, con independencia de cualquier condición política o social".

"La omisión o negligencia en su tratamiento constituye una violación de sus derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida", recalcó.

A finales de mayo, el opositor fue arrestado durante un registro policial en su vivienda, realizado sin que existiera una orden judicial, luego de que aparecieran unos carteles antigubernamentales en el poblado pinareño Antonio Briones Montoto, donde reside.

Pese a que los agentes no encontraron nada durante la exhaustiva revisión de la casa, a Hernández Medina le fue confiscado un teléfono, e intentaron fabricarle un delito para enviarlo nuevamente a prisión. Durante esa detención, que se prolongó varios días, el opositor pinareño no recibió atención médica a pesar de su condición de salud y de que tenía fiebre.

Entre 2023 y 2024, Michael Hernández Medina cumplió una sentencia de un año de cárcel por el supuesto delito de desacato.

Lamentablemente, el de Hernández Medina no es un caso aislado. En tal sentido, un reciente informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) denunció que, entre marzo de 2024 y marzo de 2025, la organización registró 1.858 eventos relacionados con personas privadas de libertad en Cuba. De estos, 1.330 constituyeron violaciones de derechos humanos, "lo que evidencia un patrón de violencia institucional y un deterioro crítico de las condiciones penitenciarias", señaló el informe.

Así, la represión en Cuba "no es esporádica ni producto del azar, sino una política estatal estructurada y sostenida, ejecutada principalmente por el Partido Comunista de Cuba y el Ministerio del Interior", según aseveró Cubalex en un reciente informe al respecto.

Denunció, asimismo, que "su objetivo es desarticular cualquier forma de disidencia, limitar el ejercicio de derechos fundamentales y disuadir a la ciudadanía de participar en actividades cívicas o de exigir responsabilidades al poder. La magnitud, diversidad y recurrencia de los hechos registrados reflejan una estrategia de represión institucionalizada que atenta contra los principios más elementales del Estado de derecho y los derechos humanos".

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