"El mes de septiembre reflejó una profundización del colapso institucional en Cuba. La ausencia de respuestas efectivas ante las crisis sanitaria y económica, junto con el uso sistemático de la represión, consolida un patrón estructural de violaciones de derechos humanos que afecta a toda la ciudadanía", denunció el grupo de asesoría legal Cubalex en su informe correspondiente al noveno mes de 2025.
En septiembre, los juristas documentaron 185 hechos violatorios que implicaron 349 incidentes represivos en 14 provincias y 45 municipios. Al menos 140 personas (114 hombres y 26 mujeres) fueron víctimas de violaciones de derechos humanos.
Las provincias donde se registró mayor número de violaciones fueron La Habana (66), Santiago de Cuba (16) y Pinar del Río (11), y entre los municipios, Guanabacoa (16), Santiago de Cuba (16) y Plaza de la Revolución (11).
Cubalex detalló, además, que los incidentes represivos más reiterados fueron las violaciones contra personas privadas de libertad (78), operativos policiales (29), amenazas o coacción (24), uso de la violencia o acoso (23) y la negación de atención médica (18), esta última fundamentalmente a reclusos.
Asimismo, el grupo de asesoría legal registró 41 protestas en distintas provincias del país. "La respuesta estatal fue represiva y ejemplarizante, con detenciones, juicios y 'operativos contra el delito' dirigidos, en muchos casos, contra trabajadores por cuenta propia y manifestantes pacíficos", subrayó.
"El régimen mantuvo su estrategia de criminalización del disenso: se realizaron arrestos de manifestantes —incluidos menores de edad y una embarazada— y se dictaron condenas de hasta 14 años de prisión por expresarse en redes sociales o participar en protestas. Además, se desplegaron operativos policiales durante festividades religiosas, como el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre y el de la Virgen de las Mercedes, restringiendo la libertad religiosa de activistas y familiares de presos políticos", recalcó.
Como es ya un patrón recurrente mes a mes, los opositores Berta Soler y Ángel Moya, la activista Yamilka Lafita, la periodista independiente Camila Acosta y los presos políticos José Daniel Ferrer García (quien fue forzado al exilio el pasado lunes) y Maykel Castillo, "Osorbo", registraron la mayor cantidad de acciones represivas en su contra.
En el caso de este último, pasó la mayor parte del mes recluido en una celda de castigo como represalia por sus denuncias contra las pésimas condiciones del penal. De dicho castigo salió esta semana con afectaciones físicas notables, según denunció la activista Anamely Ramos.
"Las organizaciones cuyos miembros resultaron más reprimidos fueron Cuba Decide, el Movimiento de Opositores por una Nueva República (MONR), el Frente Antitotalitario Unido (FANTU) y el Movimiento Democracia", agregó Cubalex, y sostuvo que "la mayoría de las víctimas no están afiliadas a organizaciones ni grupos de la sociedad civil independiente".
En cuanto al caos en las cárceles, Cubalex denunció que "las prisiones continúan siendo uno de los principales espacios de violaciones de derechos humanos". Así, el grupo de asesoría legal documentó denuncias por negación de atención médica y psicológica, falta de medicamentos, brotes de enfermedades y prácticas de tortura mediante la retención intencional de medicinas. También se registraron muertes bajo custodia que evidencian la falta de supervisión y la negligencia del sistema penitenciario.
"Persisten además las golpizas, amenazas, traslados punitivos, prohibiciones de visitas y condenas fabricadas contra quienes denuncian abusos", resaltó.
