Al menos dos menores de edad figuran entre los 13 nuevos presos políticos documentados en Cuba durante septiembre, según el más reciente informe de Prisoners Defenders (PD), organización con sede en Madrid que monitorea de forma sistemática la represión política en la Isla.
El reporte eleva a 1.185 el número total de prisioneros políticos y de conciencia en el país y denuncia que el régimen "mantiene la represión institucionalizada como herramienta de control social", con especial dureza contra quienes participan en manifestaciones pacíficas reclamando servicios esenciales.
Menores presos por manifestarse
Entre los nuevos casos denunciados se encuentran Eliane Martín, de 16 años y embarazada al momento de su arresto, y Leroy Hernández Escalona, de 17, ambos detenidos en Las Tunas tras las protestas de septiembre en la localidad de Maniabón, Puerto Padre, donde decenas de vecinos salieron a las calles por los prolongados cortes de luz y la falta de agua.
Según el informe, ambos fueron privados de libertad sin tutela judicial ni defensa legal independiente, acusados de "atentado" y "desórdenes públicos", sin que existan pruebas de violencia o daños materiales.
El caso de Eliane Martín, subraya Prisoners Defenders, resulta especialmente grave por tratarse de una menor gestante que continúa en paradero desconocido, sin comunicación con su familia ni información oficial sobre su estado de salud. Su detención, junto a la de Hernández Escalona, "viola de manera directa las normas internacionales sobre protección de la infancia", señala la organización.
Centros penitenciarios para niños
Prisoners Defenders recuerda que, según sus registros, 36 personas fueron detenidas siendo menores de edad desde el inicio del actual ciclo represivo en Cuba, iniciado tras las protestas del 11 de julio de 2021. De ellos, 30 permanecen cumpliendo condena y seis están procesados bajo medidas cautelares sin supervisión judicial.
El informe denuncia que los menores cubanos son encarcelados en centros penitenciarios controlados por el Ministerio del Interior, eufemísticamente llamados "Escuelas de Formación Integral", que funcionan como prisiones con celdas y régimen punitivo, contraviniendo lo dispuesto por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Cada año, añade PD, unos 410 menores de 16 y 17 años sufren privación de libertad en Cuba, una cifra que, según la organización, La Habana reconoció parcialmente ante Naciones Unidas en 2022.
"Estas detenciones y procesamientos buscan enviar un mensaje ejemplarizante: el de que ni siquiera los menores están a salvo si ejercen su derecho a manifestarse", advierte la organización.
Patrón de represión y castigo
El informe detalla que los 13 nuevos presos políticos de septiembre —incluidos los dos menores— fueron arrestados entre el 14 y el 18 de ese mes, principalmente en Holguín, Las Tunas y Villa Clara, provincias donde se registraron protestas locales por cortes eléctricos y falta de agua.
La organización señala que los detenidos no tuvieron acceso inmediato a abogados ni comunicación con sus familias, y enfrentan cargos genéricos como "propaganda enemiga", "atentado" o "sabojate", utilizados de manera rutinaria para criminalizar la protesta pacífica.
Entre ellos se encuentra también Leydi Laura Verdecia Velázquez, arrestada en Holguín por publicaciones críticas en redes sociales y obligada a pagar una fianza de 5.000 pesos, así como Yandi Dita Rodríguez, condenado a 12 años de prisión por un supuesto sabotaje en Villa Clara sin pruebas materiales ni testigos directos, según el reporte de PD.
El informe de Prisoners Defenders también destaca que el mismo mes en que se incorporan los nuevos presos, dos figuras de la disidencia cubana, José Daniel Ferrer y Luis Robles, recuperaron la libertad, aunque en el exilio forzado.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue excarcelado tras cumplir íntegramente su condena y posteriormente desterrado, mientras que Robles, conocido como "el joven del cartel", llegó a España con su familia tras cumplir casi cinco años de prisión por manifestarse pacíficamente en La Habana.
Represión institucionalizada
Prisoners Defenders reitera que el encarcelamiento político "se mantiene en niveles récord" y que en los últimos 12 meses 152 personas han sido incorporadas a su lista.
Desde julio de 2021, la organización ha documentado 1.895 casos de presos políticos, de los cuales 1.748 fueron encarcelados en los últimos cuatro años y tres meses.
"El patrón es constante: detenciones arbitrarias, juicios sin garantías, uso del derecho penal para sofocar la protesta social y, cada vez más, la criminalización de menores de edad", concluye el informe.
