Septiembre concluyó en Cuba como "un mes negro para la libertad de expresión, debido a las condenas y juicios", según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que registró al menos 212 acciones represivas en dicho mes en la Isla contra la población civil, de las cuales 39 fueron detenciones arbitrarias y 173, otros abusos.
"El régimen quiere infundir terror ante su estrepitoso fracaso socioeconómico y su incapacidad para buscar soluciones", denunció el OCDH y detalló que "entre las principales violaciones se cuentan sitios de viviendas de activistas, juicios sin garantías, abusos contra presos, hostigamientos y amenazas. Se reportaron 38 denuncias realizadas por presos políticos, presos comunes y sus familiares".
Asimismo, "la mayoría de las detenciones arbitrarias de corta duración (27) estuvieron relacionadas con la manifestación pacífica en Gibara (Holguín), el 13 de septiembre, donde los vecinos salieron a las calles con gritos de reclamo como '¡Corriente y comida!', '¡El pueblo unido jamás será vencido!' y '¡Libertad, libertad!'", agregó.
En septiembre, además, "el régimen cubano profundizó la penalización de la libertad de expresión en redes sociales y de la manifestación pacífica", al tiempo que, según el informe, La Habana, Holguín y Granma fueron las provincias con mayor cantidad de acciones represivas.
"Hemos conocido la sentencia contra Ana Ibis Trista Padilla y Jarol Varona Agüero, que les condena a 14 y 13 años de cárcel, respectivamente, por 'propaganda contra el orden constitucional' y 'otros actos contra la seguridad del Estado'. Así como la sentencia por 'propaganda contra el orden constitucional' a Félix Daniel Pérez Ruiz (cinco años) y a Cristhian de Jesús Peña Aguilera (cuatro años). Todo por compartir en las redes sociales la convocatoria a una manifestación pacífica que de hecho no se realizó", recordó el observatorio.
Por otro lado, el OCDH mencionó la sentencia en la que el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba condenó a Julio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 años de edad, a cuatro años y seis meses de privación de libertad por los supuestos delitos de desobediencia y atentado, por grabar con su celular una cola y no reaccionar ante los maltratos de un agente de la policía política.
De igual forma, el Tribunal Municipal de Bayamo impuso sanciones a 15 ciudadanos por su participación en las protestas del 17 de marzo de 2024. Las sentencias fueron de entre tres y nueve años de cárcel por supuestos delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir.
En septiembre, además, las autoridades jurídicas del régimen, que se reafirman como instrumentos de la represión, realizaron el juicio contra el intelectual José Gabriel Barrenechea Chávez, injustamente detenido desde noviembre de 2024.
"Desde enero, ya son 2.462 acciones represivas con el fin de impedir o limitar el ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba. De estas, 461 detenciones arbitrarias", enfatizó el OCDH.
Así, la represión en Cuba "no es esporádica ni producto del azar, sino una política estatal estructurada y sostenida, ejecutada principalmente por el Partido Comunista de Cuba y el Ministerio del Interior", según aseveró Cubalex en un reciente informe al respecto.
Denunció, asimismo, que "su objetivo es desarticular cualquier forma de disidencia, limitar el ejercicio de derechos fundamentales y disuadir a la ciudadanía de participar en actividades cívicas o de exigir responsabilidades al poder. La magnitud, diversidad y recurrencia de los hechos registrados reflejan una estrategia de represión institucionalizada que atenta contra los principios más elementales del Estado de derecho y los derechos humanos".
