En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la activista y directora ejecutiva de Ciudadanía y Libertad, Carolina Barrero, sostuvo este miércoles en Nueva York un encuentro con Gina Romero, Relatora Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica, para exponer las violaciones sistemáticas de esos derechos en Cuba.
A la reunión asistieron también representantes de la Unión de Expresos Políticos Cubanos, así como miembros del Center for a Free Cuba, Consorcio Justicia, Freedom House y la Human Rights Foundation, en un gesto de respaldo al trabajo de articulación internacional que busca visibilizar la represión en la Isla, informó la plataforma en Facebook.
Durante el encuentro, Barrero presentó los principales hallazgos del informe El derecho de asociación en Cuba: arquitectura legal de la represión, elaborado por Ciudadanía y Libertad, que detalla cómo el régimen cubano ha construido un entramado jurídico destinado a eliminar toda forma de autonomía social.
El documento —que analiza leyes, decretos y disposiciones vigentes— sostiene que el Gobierno convierte el marco legal en un mecanismo de control absoluto, restringiendo la creación de organizaciones independientes, sindicatos o movimientos ciudadanos fuera del aparato estatal.
"Cuba es hoy el país con el espacio cívico más cerrado del hemisferio y uno de los más restrictivos del mundo", subraya Ciudadanía y Libertad.
La reunión con la Relatora Especial forma parte de una estrategia más amplia de cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, en un contexto donde las libertades de reunión, manifestación y asociación en Cuba siguen bajo vigilancia, persecución y criminalización.
Ciudadanía y Libertad destacó que este encuentro representa "un paso más en los esfuerzos de articulación internacional" para documentar y denunciar la represión institucionalizada del régimen, así como para fortalecer la coordinación entre organizaciones y actores de la sociedad civil cubana en el exilio.
La presentación de este informe ante Naciones Unidas se produce en un momento en que el régimen de La Habana mantiene una política de asfixia jurídica y administrativa sobre cualquier forma de disidencia u organización independiente. Desde hace años activistas, artistas y periodistas independientes son procesados penalmente o forzados al exilio, bajo cargos relacionados con la "asociación ilícita", "desórdenes públicos", "instigación a delinquir", "propaganda contra el orden constitucional", entre otros.
¿Para qué?