Como parte de un patrón sistemático de acoso y represión, que busca frenar el descontento popular ante el resquebrajamiento integral de la sociedad cubana, agentes de la Seguridad del Estado detuvieron este jueves al activista Liván Gómez Castillo, coordinador en La Habana del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), al que acusan de "haber colocado carteles antigubernamentales en Marianao que denunciaban los apagones", denunció el grupo de asesoría legal Cubalex.
Así, Gómez Castillo fue arrestado por la fuerza esta mañana en su vivienda, por agentes que "se lo llevaron sin identificarse", lo que constituye una ilegalidad y tipificaría como un patrón de secuestro.
Además, durante la detención, "los agentes le dijeron a su esposa que 'no se preocupara por verlo', porque estaría 'unos cuantos días fuera de la casa'", dijo Cubalex, al tiempo que subrayó que "hasta el momento se desconoce su paradero y la unidad policial a la que fue trasladado".
Gómez Castillo "padece diabetes y fue detenido sin poder llevar consigo los medicamentos necesarios para controlar su nivel de azúcar, lo que pone en riesgo su salud", añadió.
En este contexto, Cubalex exigió "información inmediata sobre su paradero y garantías para su integridad física y psicológica".
Su detención confirma lo dicho por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en su informe más reciente: "El régimen quiere infundir terror ante su estrepitoso fracaso socioeconómico y su incapacidad para buscar soluciones".
Así, septiembre concluyó en Cuba como "un mes negro para la libertad de expresión, debido a las condenas y juicios", según dicho informe, que registró al menos 212 acciones represivas en dicho mes en la Isla contra la población civil, de las cuales 39 fueron detenciones arbitrarias y 173 otros abusos.
El OCDH detalló que "entre las principales violaciones se cuentan sitios de viviendas de activistas, juicios sin garantías, abusos contra presos, hostigamientos y amenazas. Se reportaron 38 denuncias realizadas por presos políticos, presos comunes y sus familiares".
"Desde enero, ya son 2.462 acciones represivas con el fin de impedir o limitar el ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba. De estas, 461 detenciones arbitrarias", enfatizó el OCDH.
Así, la represión en Cuba "no es esporádica ni producto del azar, sino una política estatal estructurada y sostenida, ejecutada principalmente por el Partido Comunista de Cuba y el Ministerio del Interior", según aseveró Cubalex en un reciente informe al respecto.
Denunció, asimismo, que "su objetivo es desarticular cualquier forma de disidencia, limitar el ejercicio de derechos fundamentales y disuadir a la ciudadanía de participar en actividades cívicas o de exigir responsabilidades al poder. La magnitud, diversidad y recurrencia de los hechos registrados reflejan una estrategia de represión institucionalizada que atenta contra los principios más elementales del Estado de derecho y los derechos humanos".
